Coincidiendo con la fiesta del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación quiso unirse a la efeméride celebrando un acto sobre 'Verdad y Constitución' en el que intervinimos el vicepresidente de la sección del Derecho a la Información, el magistrado Antonio García Paredes, el periodista Juan Fernández Miranda y yo mismo, como uno de los galardonados en esta jornada por la Asociación de la Prensa de Madrid con la insignia tras cincuenta años de 'militancia' en esta organización. Decidí hablar sobre un tema que desde hace tiempo me ocupa: "los periodistas queremos algo más que el artículo 20 de la Constitución", era el título de mi conferencia. Lo queremos y lo necesitamos; por eso traigo hoy el tema a estas páginas.

Y es que, en estos tiempos convulsos, en los que la información está siendo manipulada hasta el punto de que la mitad de las noticias que nos llegan son, de alguna manera, 'fake news', el artículo 20, que es el que nuestra ley de leyes dedica al derecho a la libertad de expresión, precisa de una legislación más específica que lo complemente y desarrolle. No basta con leyes de transparencia ni con las que defienden el secreto profesional o el acceso igualitario a las fuentes de información. Nada de eso se está cumpliendo lo bastante, como se demuestra en muchos recientes acontecimientos políticos, en los que se ha detectado una tendencia a la apropiación, desde el Ejecutivo, de parcelas institucionales: ni en el Parlamento, ni en los medios, ni en el seno de la sociedad civil se han debatido lo suficiente los pasos que se han dado. Porque desde ese mismo Ejecutivo -y no ha sido el actual el primero en hacerlo, ni estas cosas ocurren solamente en España- se ha procurado hurtar ese debate, prefiriendo las maniobras orquestales en la oscuridad a la luz y los taquígrafos.

Por eso creo que el artículo 20 debería haber incorporado algún tipo de advertencia a los poderes, en el sentido de que una parte sustancial de la libertad de expresión es el acceso sin discriminaciones, abierto y pleno, a la información de lo que hacen los gobiernos. La participación de los ciudadanos en la tarea de la gobernación es una de las claves de una democracia sana. Y de ahí la importancia de esa lucha por una mucho más completa libertad de expresión que llevamos a cabo tantos profesionales, conscientes de que nuestra misión es controlar al poder, no ser sus cómplices a la hora de la opacidad. Y esto, opiné, es particularmente necesario cuando hemos entrado, de hecho, en una campaña electoral trascendental, donde la verdad, la información abierta y no sectaria, se convierte en un bien especialmente escaso: el artículo 20 habría de ser desarrollado también en este punto, con una regulación incluso de los debates electorales que evite el caos actualmente existente.

¿Cuánto más tardaremos en elaborar una ley específica que desarrolle por completo, en nombre de la libertad de expresión y todo cuanto ella implica, este derecho enunciado en el artículo 20, al que hay que amar y respetar, pero que no llega a comprender los enormes cambios que se han registrado en el mundo de la comunicación no desde 1978, sino incluso en los últimos cuatro años?. Pero esto, planteado en unos momentos en los que nos asomamos a un cambio vertiginoso, ¿a quién le interesa? Parece a veces que lo esencial es la protesta porque a la presidenta de la Comunidad de Madrid la hayan declarado 'alumni ilustre' de la Facultad de Ciencias de la Información. Lo anecdótico sigue primando abusivamente sobre lo esencial. Y esa es otra.