El pasado mes de abril, el 11 para más señas, escribimos en estas páginas la primera parte de «Más desahucios y menos 'okupaciones'». Ahora va la segunda y me temo que no será la última, pues no hay dos sin tres. Con dicho artículo pretendíamos llamar la atención sobre un problema que hay en nuestra sociedad; la ocupación ilegal de las viviendas, la morosidad de los inquilinos, la «inquiocupación» de estos  y la indefensión que desde hace años sufren los propietarios. Y que los políticos tomaran medidas para su solución. Pues bien, o mejor dicho pues mal, el Gobierno Frankenstein y populista de Pedro Sánchez (Pedro I        'El M_ _ _ _ _ _ _ _ '), el que dice que va a construir 185.000 viviendas, forzado por Esquerra y Bildu y con total aquiescencia de un PSOE que ha renunciado a ser un partido de grandes mayorías, y un gobierno verdaderamente social y, sobre todo, con una función de liderazgo moderado, a favor de sus socios populistas. Ha aprobado una ley en sentido totalmente contrario al que denunciábamos.
La nueva Ley de Vivienda es una ley con los peores modelos de corte populista y que hace recaer sobre los arrendadores el coste que solo corresponde al Estado de la falta de viviendas. Con ella, el Estado hace recaer aún más sobre los particulares una obligación que tiene él, como es la de garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada (art.47 CE).  Castiga a más de tres millones de pequeños propietarios que, a lo largo de su viada, han invertido sus ahorros en adquirir un piso en nuestro país y obtener una renta por él. Y Patxi López miente, se ve que ya se le han pegado las costumbres de su jefe, Pedro I, pues no es cierto que el 99 % de las ocupaciones sean de grandes tenedores de viviendas.  Es una norma que dificulta aún más el desalojo de okupas, convirtiéndolo en un laberinto burocrático y judicial que puede alargarse meses e incluso años y que amplifica el efecto llamada para ocupar viviendas, que, como ya dijimos el mes pasado, sufre Cataluña desde 2019. Acapara el 52% de la okupación ilegal del estado. Se estima unos 100.000 piso okupados en España y las denuncias han aumentado un 37%. Con esta Ley se facilita  el paso de la condición de arrendador a la de moroso que se resiste a ser desahuciado. El mensaje que da el Gobierno es nefasto pues destruye la seguridad jurídica y da cobertura moral y crea la atmósfera de simpatía hacia el okupante. Se fomenta que aquellos que estén dispuestos a aprovecharse y, necesitándolo  o no, ocupen las viviendas, bien mediante la patada en la puerta bien dejando de pagar el alquiler. Es una incitación a que los arrendadores dejen de pagar la mensualidad. Será la anarquía, no del más fuerte, sino del más sinvergüenza. Con la inseguridad jurídica y las dificultades en los desahucios, serán muchos los propietarios que se retiren del mercado del alquiler y los que continúen someterán a los futuros inquilinos a un examen severo de su situación social y económica exigiéndoles toda clase de garantías, como el aval bancario, que ya se exige a los estudiantes universitarios en las grandes ciudades. Serán los más necesitados los que queden excluidos del mercado. Y difícilmente invertirán los grupos económicos (sean buitres o no) en el sector de la vivienda en España.