A mediodía de hoy, los grupos parlamentarios tendrán que registrar sus borradores de conclusiones de los cuatro grupos de trabajo de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, y lo harán entre los llamamientos desde distintos sectores para que las conclusiones que han de votarse a mediados de julio recojan un consenso amplio. Esa era la intención inicial cuando el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, anunció su propuesta de alcanzar una nueva versión de los Pactos de la Moncloa para hace frente a las consecuencias de la pandemia que, además de cuarenta mil muertos, ha dejado malheridos a los ciudadanos más empobrecidos y a muchos sectores económicos.

Lo que iba a ser una mesa de partidos se recondujo, por iniciativa del líder del PP, Pablo Casado, a una comisión parlamentaria “con luz y taquígrafos”, y por tanto sus reuniones se han realizado bajo los principios del funcionamiento parlamentario, y de ahí que sus sesiones de trabajo hayan pasado en muchos casos desapercibidas, y hayan primado más las informaciones sobre los conflictos entre intervinientes que las aportaciones de fondo realizadas por los expertos. Lo llamativo y las broncas han destacado sobre el trabajo serio que se ha realizado. Por eso hay que confiar en que en la labor de síntesis los grupos parlamentarios se hayan quedado con lo mollar y hayan despreciado lo accesorio. La previsión es que, por estrategia partidista, las conclusiones que se voten serán acuerdos de mínimos, cuando lo que la ciudadanía demanda son acuerdos de fondo.

El acuerdo sobre las medidas debatidas en el grupo de trabajo relativo a la reforma sanitaria parece el más posible, faltaría más. Pero en el resto, las posibilidades no están tan claras. O son casi imposibles, porque los partidos pretenden trasladar a las conclusiones sus programas electorales, cuando lo que se piden son medidas transversales que convenzan a la mayoría para que puedan tener una traducción legislativa apoyadas de forma mayoritaria. Porque de un cierre en falso de la comisión parlamentaria de reconstrucción derivará una vuelta de tuerca a la desafección de los ciudadanos con su clase política.

Las últimas llamadas al consenso procedieron ayer, una vez más del mundo financiero y empresarial, y tuvieron un ejemplo práctico con las declaraciones que apuntan a un acuerdo entre los agentes sociales y económicos con el Gobierno sobre la prórroga de los ERTE, en la que todas las partes ceden para hacerlo posible. Desde el mundo empresarial se presiona al Partido Popular para que se pueda alcanzar un pacto en materia económica. En caso contrario será el Gobierno en solitario quien desarrolle las medidas que considere oportunas. El gobernador del Banco de España, en una de las últimas intervenciones ante la comisión parlamentaria, afirmaba que “La estrategia deberá estar basada en consensos amplios, para que pueda tener vocación de permanencia y resultar creíble”. y el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, es de los que se apuntan a que de la crisis se salga mediante la colaboración público-privada y con un “nuevo contrato social”. Otros empresarios han subrayado que ese consenso debe extenderse durante al menos dos años.

En política no hay mejor sordo que el que no quiere oír. Pero las llamadas al consenso son clamorosas.