Igual que los derechos se han conseguido por la acción colectiva, su permanencia en el tiempo no depende de la exigencia individual del "qué hay de lo mío" o del principio ultraliberal del "sálvese quien pueda", sino de la movilización ciudadana y de las políticas comunes de cohesión social.
No comparto lo de las marcas electorales provinciales o localistas que pretenden responder, por ejemplo, a la situación de la denominada España vaciada. No es por lo que reivindican, sino por el hecho de que lo hagan desde la idea de un supuesto "derecho natural" de pertenencia a un territorio concreto, contribuyendo, con ello, a la perdida de una visión mucho más amplia de realidades y problemas que son comunes y que no entienden de territorialidad, provincia o pueblo.
Por ejemplo, el asunto no es solo que se cierre "nuestro" centro de salud o "nuestro" colegio en un pueblo de la Sierra Palentina o de la Comarca del Bierzo, con todo lo que ello supone para la gente afectada, sino qué ocurre en Castilla y León con la sanidad y la educación, que no están garantizadas para todos, con independencia de donde viva cada paciente o cada alumno.
Por otro lado, si la representación en las instituciones donde se toman las decisiones políticas, ya sean ayuntamientos, diputaciones provinciales o parlamentos, se va a vincular al territorio local o provincial, en lugar de a programas políticos globales, de una u otra ideología, corremos el riesgo de generar un sistema de representación tan fragmentado que las posibilidades de negociación y acuerdo nada tendrán que ver con la cohesión social, la igualdad y la defensa de los derechos comunes, sino más bien con el interés propio de los miembros del partido de turno, o con la diferenciación entre vecinos de pueblos colindantes.
En éstos tiempos inciertos de creciente desigualdad social, la seguridad que necesita la ciudadanía en sus derechos no puede defenderse desde el sentimiento de pertenencia territorial, sino desde la garantía de éstos en su correspondencia con las aspiraciones comunes. La educación, la sanidad, la vivienda, los servicios sociales, la atención a la dependencia, el feminismo, el ecologismo..., responden a necesidades y preocupaciones comunes, que van más allá de los intereses individuales y particulares o de la vinculación territorial por razón de nacimiento o residencia.
El espacio común de los derechos universales es lo que debe centrar el debate político para que la gente decida sus opciones de voto, porque defendiendo lo común se gana en seguridad vital y colectiva, y se supera ese individualismo errático del «sálvese quien pueda». Así, la movilización social junto a la acción política institucional, cobran todo el sentido.
Los derechos actuales que disfrutamos no se concedieron por ocurrencia de algún político. Son fruto de la movilización ciudadana a lo largo del tiempo. La jornada de 8 horas de trabajo, el derecho al voto, la libertad de expresión, o los derechos LGTBI, son el resultado de muchas luchas de gente que perseveró en su empeño por conquistar espacios comunes de libertad y derechos colectivos, con independencia del lugar donde vivían. Lo hicieron, simplemente, por su conciencia de ciudadanía.
Sentirse ciudadano es tener la convicción de que la participación es importante, cada opinión necesaria y cada acción imprescindible. Lo contrario es dejarse llevar por la idea interesada de que "da igual lo que se diga o lo que se haga porque no sirve para nada", mientras permanecemos secuestrados por quienes prometen y nunca cumplen. 
En el tiempo electoral que nos ocupa asistimos a la propaganda partidista de que, desde la identificación con lo pegado a la tierra, las soluciones serán mejores y más inmediatas. Nada más lejos de la realidad. Solo es una dosis más de anestesia para que nadie se movilice.
La alternativa a esta estrategia interesada de parálisis social pasa por la generación de proyectos integradores, globales y actualizados que presenten una visión amplia de transformación social, garantista de derechos y libertades. Todo ello acompañado de la movilización y la presencia pública de la ciudadanía organizada que retroalimente las opciones políticas dispuestas a presentarse a las elecciones con fines comunitarios y no individualistas.