El Consejo General del Poder Judicial alcanzó el pasado jueves un acuerdo por el que se dirigen al Congreso de los Diputados para que reconsidere su decisión de no dar audiencia al órgano de gobierno de los jueces en la reforma de la ley que establece su funcionamiento para evitar que puedan realizar nombramientos en los órganos jurisdiccionales mientras se encuentren en funciones, una situación en la que viven los actuales vocales del CGPJ desde hace más de dos años. Se trataría de una suerte de recurso de súplica ante el mismo juzgado que ha emitido una resolución. Y como bien saben por su práctica como jueces o juristas de reconocido prestigio, es bastante difícil que los recursos de súplica salgan adelante por cuanto supone que un juez o un tribunal se desdigan de una decisión fundamentada que han tomado pocos días antes.
Además de dirigirse a la Mesa del Congreso, en un momento determinado el sector conservador del CGPJ y la mitad de los vocales progresistas que los apoyan, pensaron dirigirse directamente a las instituciones europeas porque consideran que, con la nueva ley, además de atacarse la separación de poderes, se vulneran las normas europeas que protegen la independencia judicial. Finalmente ha sido a través de Ciudadanos como la queja ha llegado a la Comisión Europea, que ya sigue con atención la evolución de las decisiones del Ejecutivo sobre la reforma y renovación del CGPJ, y que ya mostró su inquietud cuando el Gobierno, para presionar al PP presentó -y luego retiró- el proyecto de rebajar la mayorías necesarias para la elección parlamentaria de los vocales, La UE, sin embargo, ha guardado silencio sobre la última iniciativa parlamentaria de limitar su capacidad de realizar nombramientos.
Afortunadamente, el pleno del CGPJ logró desactivar la iniciativa de un grupo de vocales conservadores que pretendían emitir un informe sobre el proyecto de reforma, que en este caso no es preceptivo al tratarse de una iniciativa parlamentaria y no un proyecto de ley del Gobierno. No habría sido la primera vez que otro CGPJ de mayoría conservadora emite informes sin tener que hacerlo y sin que nadie se lo pida.
No deja de ser una curiosa forma de negociar o de buscar un entendimiento, que al mismo tiempo que se eleva la queja al Congreso por lo que consideran una medida inconstitucional y que afecta a los estándares europeos y por no ser el camino más respetuoso con la separación de poderes, que ese mismo órgano esté dispuesto a realizar un nuevo desafío y el próximo jueves acometa los nombramientos de seis presidentes de audiencias provinciales.
Del mismo modo, también es sorprendente que se recurra al arbitrio de la Unión Europea, no porque no deba estar vigilante sobre la separación de poderes, sino porque el primer aldabonazo de preocupación sobre el poder judicial español lo realizó el pasado 30 de septiembre, en el primer análisis de la situación del estado de derecho en todos los países de la Unión Europea, cuando, en la sección referida a España, señalaba la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial y recogía las dudas acerca de que tuviera capacidad para proseguir con los nombramientos. A este informe desde el PP no parecen concederle ningún valor y han mantenido su negativa a la renovación, porque le beneficia su composición actual.