Aunque hoy es un día especial, en el que (la mayoría de) los españoles hubiésemos querido celebrar nuestras fiestas navideñas y recordar el significado que tienen para todos, me temo que debo continuar hablando de los acontecimientos que vivimos, más allá de censuras e inmovilización social, miedos y desengaños, odios irrefrenables, represalias y otras muchas iniciativas gubernamentales por controlarnos y silenciarnos a base de mentiras.
Quien cultiva el miedo y el odio para atemorizar a la población, pretende convertir a España en lo mejor de Venezuela, Argentina y Cuba, porque sus ciudadanos viven y disfrutan de una salud económica y social envidia de todo el mundo. 
Visto que el Gobierno bicéfalo no tiene un plan –se ha lavado las manos y endilgado a las Comunidades la supuesta “cogobernanza”-, creo que lo más prudente es orientarle en la solución de los problemas que tenemos y que nos llegarán inmediatamente, animándole a que aprovechen la revisión de la Carta Magna para entrar en las cuestiones que sí son de gran trascendencia para la vida y el sostenimiento económico de un país. Por eso, debemos volver al análisis de cuestiones que por conocidas no son menos relevantes.
En general, basta con no despilfarrar el dinero en análisis, baremos, barómetros, documentos, estudios e informes, que son prescindibles en esta época de restricciones; lo que hace, por ejemplo, el ministerio de desigualdad es un síntoma de lo que se ha convertido la Administración Pública desde hace 40 años. Pero vayamos por partes.
España, sus políticos, deben asumir compromisos en firme, con decisión y pensando que esto no puede seguir así. Deben ser honestos en sus prácticas institucionales -muy difícil, lo sé- y saber que hay que modificar definitivamente -como objetivo prioritario de la vida de España- la estructura de la Administración.
Los españoles no podemos sostener 17 gobiernos despilfarrando sin límites, subiendo su techo de gasto año tras año, sometiendo a los ciudadanos a impuestos que solo sirven para alentar dichos acuerdos de amiguetes. Congreso, Senado y las variadas Asambleas autonómicas han de limitar las alegrías que se corren en cada ejercicio. Hay que rebajar el número de ministerios, de consejerías, de cargos mil que se han inventado. Hay que trabajar con menos y ser más eficientes de cara al ciudadano (modelo que ha quedado en evidencia en estos tiempos de pandemia). Y si a ello le añadimos que al frente de los cargos derivados deben estar personas competentes, nos aliviaría en gran medida de los susodichos asesores y cargos de libre disposición mil, otro pozo sin fondo de la administración.
Los españoles no queremos, porque no podemos, sostener las alegrías con las que se mueven los cargos públicos y de representación. ¡Esto tiene que terminar ya! Quienes representan a los ciudadanos han de dar ejemplo, a saber: eliminar todos los gastos de comisiones mil que se han inventado para engordar sus bolsas, pagar impuestos como cualquier otra persona, no beneficiarse de artimañas para cobrar un sobresueldo a costa de su representación, abandonar las puertas giratorias, etc., etc. También deben desaparecer todos los aforamientos, al tiempo que hay que cambiar ya -¡de unavez!- la ley electoral por higiene democrática para que cada persona sea un voto, con igual valor para todos.
¿Por qué hay que subvencionar a los sindicatos y asociaciones profesionales y empresariales? ¿Son realmente «sujetos políticos» o correa de transmisión de presión política, con los liberados y pesebreros que solo actúan en función de sus intereses que, además, reciben un río de ayudas que han generado mil y una corruptelas? Las organizaciones deben mantenerse con las aportaciones de sus asociados, no con el dinero de todos los españoles. Ya se sabe: agito la sociedad y machaco a las empresas para justificar mi existencia.
¡Y de toda esta fiesta ya saldrían los 60.000 millones de euros que necesitan España y los españoles para solucionar algunos agujeros!
Esta situación está desgarrando España y vemos como desde grandes científicos hasta personas con mucho menos cualificación, miran hacia otros derroteros mientras nuestros políticos se enzarzan en desmantelar España.
La deriva administrativa, política y social no puede seguir por este camino porque es la parte más sustantiva de la tragedia actual de España. Si realmente nuestros gobernantes pensaran en España y sus ciudadanos, por encima de todos los proyectos individuales que hoy tenemos sobre la mesa, abordarían con serenidad y firmeza los pasos que hay que dar para evitar los problemas presentes y futuros de los españoles. Lo veo difícil, porque no han demostrado -¡todos!- voluntad de encuentro y diálogo que deje a un lado el egoísmo por sostenerse en el poder.
Queda en el aire la posibilidad de un juicio sumarísimo realizado en el seno de la sociedad española en el que todos y cada uno de nosotros podamos decir y manifestar lo que estamos padeciendo.