El asunto de la escasez de viviendas de alquiler y el precio de las mismas viene siendo desde hace ya tiempo un tema de amplio debate y propuestas legislativas. Que son promovidas especialmente por populismos de extrema izquierda con Podemos a la cabeza. Es más, sorprende la fijación que tienen los "podemitas" con los alquileres y la manía que profesan a los arrendadores. Lo primero que choca de este asunto y que es reiteradamente suscitado en los telediarios es el elevado coste de los alquileres en las grandes ciudades y especialmente en Madrid y Barcelona. Pero es que España no es solo estas grades ciudades, existe un resto de España. Y sin ir más lejos podemos ver el caso en nuestra querida ciudad de Ávila, donde hay alquileres por 250€  y 300€ al mes y la media no supera los 400€. Luego cuando se legisle habrá que tener en cuenta todas las particularidades. La Constitución nos dice que "Todos los españoles tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Pero esto no supone que las administraciones nos las tengan que proporcionar y tampoco es un derecho exigible ante los tribunales y menos aun que pueda ser una exigencia frente a terceros, mediante la apropiación de la vivienda bien sea a través de la ocupación por la fuerza o manteniendo la posesión sin cumplir los requisitos contractuales acordados. Luego si los políticos no hacen políticas que favorezcan los alquileres y las administraciones no tiene dinero para ello, no parece justo que tenga que ser el arrendador respectivo quien tenga que asumir la carga social destinada a paliar el deterioro en la posición social o económica de su inquilino. Luego no parece adecuado imponer obligatoriamente y por ley el importe de los alquileres, pues el mercado de alquileres, como cualquier otro, se rige por las leyes de la oferta y la demanda.
Es más, los arrendadores o una gran parte de ellos consideran que padecen una indefensión y que se encuentra en una posición de inferioridad frente al arrendatario, que puede impunemente dejar de pagar el alquiler. Su única arma es el desahucio. Pero este suele dilatarse en el tiempo y cuando se logra el piso suele presentar grandes desperfectos a los que hay que añadir en muchos casos deudas de suministros y por supuesto no se recuperan las rentas de muchos meses. Campañas como las de estigmatización  de los desahucios y las leyes a favor de los a arrendatarios y en contra de los arrendadores inquietan enormemente estos últimos pues no quieren líos judiciales ni escándalos públicos.
Está claro que hay una política paternalista mal entendida que ha protegido en exceso al arrendatario frente al arrendado. Las políticas y actuaciones encaminadas teóricamente a defender a los inquilinos lo que pueden provocar es una reducción de la oferta, con la consiguiente elevación del precio o que los arrendadores adopten medidas muy selectivas a la hora de alquilar.
El Estado debe actuar en el mercado, pero sin distorsionar sus leyes y sin provocar el efecto contrario al que se persigue. Se trata de aumentar la oferta de pisos en alquiler, y abaratar de esta forma el precio. Las ayudas públicas deben concentrase en el alquiler y no en la compra. El Estado debe ser social pero el mercado no lo es nunca  y no se puede pretender que los sea.