Una de las aspiraciones de la Constitución es reconocer la presencia de las Comunidades Autónomas delimitando las competencias legales del Estado, para fortalecer la unidad política y el ordenamiento jurídico del Estado: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas (artículo 2), dando entrada al reconocimiento histórico del pacto constituyente junto con el principio de lealtad a la Constitución, de forma que los Estatutos de Autonomía tienen el valor de Ley Constitucional, subordinada a la propia Constitución española. 
Conviene repasar la historia para valorar la importancia que tiene la convivencia en paz social: a) en una sociedad de todos para todos en la que la lealtad con la convivencia se vea amparada por leyes justas; b) comprobar que los hechos reales van confirmando legalmente el valor de la acción política amparada por el respeto legal de las normas de nuestro espacio soberano de la Nación Española y de la Unión Europea, como nuestro espacio natural de cultura greco-romana y occidental; y c) cuantas vivencias vamos sumando en la vida real de transición del siglo XX al XXI de ahora mismo, y que podemos aportar a las nuevas generaciones, acerca de lo bueno y de lo malo que reparar en temas de justicia social, de convivencia y de respeto a las reglas del compromiso constitucional; sumen su aportación y experiencias, desde el lugar más o menos de relumbrón  que la vida nos deja ocupar, para que no nos vuelvan a repetir las verdades del barquero: que poco valemos si no aprendemos que la convivencia es un esfuerzo personal y colectivo, con lealtad a la fraternidad social y respeto de la dignidad de la persona, en la experiencia personal y familiar de la vida real; d) aporten su experiencia y su opinión y opción política, para enriquecer la información que trasladar a las nuevas generaciones, en el relevo de la responsabilidad y respeto de las reglas necesarias para que la convivencia lo sea mediante leyes justas, que la experiencia es un grado en las cosas políticas y sociales: el soporte de la comunidad política y del orden constitucional, lo es el pueblo español soberano, toda la comunidad en suma. 
La convivencia autonómica y política es posible en nuestro Estado español y con nuestra forma política de Monarquía parlamentaria, y va funcionando. La convivencia en todas las etapas sociales y políticas, nos va dejando lecciones históricas para poder opinar y aportar soluciones, partiendo de la ley a la ley. La Constitución dispone la presencia de las propias  Comunidades: su dimensión política desde el propio poder constituyente, y su presencia legal fundamental, competencial, como fuerza necesaria para seguir con el Estado Autonómico, y que así es como lo ha decido la fuerza de la soberanía constitucional. He aquí que la dimensión competencial está siendo fundamental en las etapas de crisis, aportando la fuerza estatutaria y social de la representación política de sus presidentes autonómicos. 
 El presente de la convivencia nos viene reclamando la capacidad política que amparan las reglas parlamentarias para que los problemas puedan ser analizados, estudiados y alcanzar compromisos de acciones conjuntas frente los casos reales de crisis sociales; también los compromisos económicos para que los daños se reparen, sin que nadie se quede sin apoyo social. El impulso social que hemos asumido con nuestros compromisos políticos y legales con  la dimensión de la ciudadanía europea, y española, tienen su amparo en la Constitución, en las competencias que la comunidad nacional y autonómica en soberanía española, son respuestas a compromisos y decisiones que los electores han dispuesto, voluntad de la mayoría, se pide el cumplimiento de los compromisos asumidos en nuestro espacio europeo y nacional comunitario, de la presencia de las Comunidades y del Estado, soluciones de la ley en la ley en respuesta frente a los problemas que la urgencia social y política reclaman como soluciones frente a las crisis, que ni son siempre iguales ni faltan en nuestras comunidades. Esta realidad tiene su valor en nuestra historia: demuestra que es posible la convivencia, reconoce la importancia que tiene la unidad política a lo largo de más de cuarenta años, para seguir con la cosecha del pacto constituyente.