En el teatrillo de la política declarativa española (bla-bla-bla, sólo impostar e imposturas, escasas obras y nula dación certera de cuentas), pasó ayer desapercibido en medio del ruido de la clá el dato de deuda pública de las administraciones que difundió ayer el Banco de España. Bien pensado, pudiendo centrar la mirada en si Pablo Iglesias sobrevive o se desintegra, de quién gobierna en Murcia, de si Díaz Ayuso salvará Occidente o sólo Fuencarral, qué necesidad tenemos de mirar a los ojos de nuestros hijos y decirles: chicos, el país que heredaréis debe 1,3 billones de euros, 117% del PIB: “tendréis que estar un año y dos meses trabajando para poder pagarlo”. Pudiendo entretenerse con las cuitas de Arrimadas, los silencios retadores de Errejón y, por aquí en esto, las mociones y promociones de censura, qué necesidad hay de pensar que algún día pueden subir los tipos de interés (ya está ocurriendo) y que el pago del servicio de la deuda sea un dogal alrededor del cuello de nuestros herederos.
Como es dinero de todos, no le importa a nadie. Y como otro vendrá a quien le corresponderá solventarlo, los políticos de hogaño apacientan sus rebaños con cariño complaciente ajenos a la jauría acechante que se enseñoreará del redil más pronto que tarde. Y como “nosotros lo valemos” hemos decidido instalarnos en campaña electoral permanentemente: que ya no es lo que vale (poco) ni lo que cuesta (mucho, por cierto, cada dos años), sino lo que se deja de hacer y de validar para sosegar las crisis de la deuda que nos agobia.
Somos unos irresponsables: todo el día en elecciones, todo el día pendiente de la dinámica de los partidos y del tacticismo que le es inherente, todo el tiempo más pendientes de lo propio que de lo ajeno. Maldita sea, seguimos en deuda con los prestamistas… y con nosotros mismos.