No se sabe bien hacia dónde quiere Sánchez llevar a España, pero desde luego no se trata de un lugar en el que se cumplen a rajatabla las reglas básicas de la democracia, desde la separación de poderes hasta el respeto a los partidos que han conseguido representación parlamentaria. Como Vox, por ejemplo, al que el presidente niega hasta el saludo aunque saluda y negocia con diputados que han defendido a los asesinos de ETA.
Sánchez y sus voceros tratan de disimular sus modos dictatoriales culpando al bloqueo del PP de su última fechoría: intentar que se conforme un nuevo y cómodo Consejo General del Poder Judicial cambiando la fórmula de elección de sus miembros. Una decisión propia de países como los que tanto admiran sus socios de Gobierno, y que da la razón a quienes llevan tiempo diciendo que Sánchez ha abrazado los modos bolivarianos. El responsable de que ocurra ese ataque al Estado de Derecho no es Pablo Casado, ni tampoco los jueces que no se han aceptado el juego amoral que trataban de imponerles desde el Gobierno para salvar a los responsables de una pandemia pésimamente gestionada; o a un vicepresidente que tiene mucho que explicar sobre sus comportamientos, porque algunos de ellos rozan la ilegalidad o han caído abiertamente en ella, aunque serán los tribunales los que tendrán que decidirlo.
Y hablando de tribunales, el Supremo acaba de ratificar a la Audiencia Nacional que condenaba a dirigentes del PP por el caso Gürtel. No hay motivo para recelar de la decisión del Supremo, pero la habrá a partir del momento que el gobierne complete su iniciativa de meter mano en el CGPJ, que es quien designa el destino de quienes aspiran a un puesto en el alto tribunal.
Las consecuencias del último paso de Pedro Sánchez van mucho más allá de la amoralidad que supone que el presidente de un país democrático se saque de la manga una iniciativa parlamentaria para tratar de configurar una Justicia a su medida. La primera, que la Unión Europea decida que España peca de déficit y no cumple los requisitos necesarios para recibir los fondos que se habían acordado; nos mete en el mismo paquete que Hungría y Polonia. Segunda consecuencia, Sánchez ha dado un balón de oxígeno a Puigdemont, pendiente del suplicatorio del Parlamento Europeo, al que ha dado argumentos para que asuman el eje de su defensa: que no debe ser extraditado porque la Justicia española no actúa con independencia. ¿Seguro que Sánchez no había pensado en el favor que hacía a Puigdemont?
La mayoría de jueces y fiscales españoles no se casan con nadie y se revuelven contra aquellos que intentan condicionar su trabajo. Nunca hasta ahora Moncloa había intentado cercenar de forma tan escandalosa, tan burda, su independencia.
Esta batalla no la puede ganar el peligroso dúo Sánchez-Iglesias. Es un auténtico asalto a la democracia.