Quizás dentro de unos siglos se referirán a nuestra época como la de la revolución de la información. La industrial, que en el siglo XIX nos trajo las estructuras políticas que hoy conocemos, se agotó en las postrimerías del XX, y asistimos ahora al nacimiento de la de los datos. Y no es descartable que la revolución tecnológica suponga también un cambio en la política, el poder y la gobernanza.
Lo tangible se ha convertido en datos; la realidad cada día se ha vuelto más y más una enorme simulación de sí misma, gobernada por trillones de bits. El concepto de «gemelos digitales», modelos virtuales de entidades físicas que sirven para analizar su comportamiento futuro, es ya normal. La minería de datos es la nueva moda. Y todo esto, sin haberse pegado aún el salto a la computación cuántica. Vivimos de datos, somos datos, valemos lo que valen los datos. El poder se define en función su gestión y acceso, su control es dinero, las grandes corporaciones y empresas de nuestro tiempo no fabrican coches o venden petróleo, trafican con datos.
Como ciudadanos, debiéramos saber otorgar a nuestros datos y a su acceso el valor que merecen. No regalarlos alegremente ante cualquier fruslería, saber negociar con ellos. Pero también, y más importante, hemos de comprender que los datos de las administraciones son nuestros, de todos, públicos. Que no basta con aparentes portales o cargos de «transparencia» para evitar hacerlos accesibles; la mujer del César ha de ser honrada de verdad.
Un par de ejemplos. La teniente de alcalde de Hacienda de la capital anunciaba en prensa que el Ayuntamiento contrató por once millones de euros con empresas abulenses a lo largo del año 2022. Traten ustedes, como yo, acudir a la web municipal —cuenta con una supuesta «Sección de Transparencia»— en busca de los datos que lo corroboren. Se darán de bruces con páginas de error, datos actualizados solo hasta el 2020 o enlaces a otros portales llenos de errores que a su vez remiten a documentos de farragosa lectura, de los cuales es imposible extraer información agregada, algo que me explicó una buena amiga archivera que es esencial para la «cristalinidad». Otro más: el gobierno de España presume de cifras de empleo y una reforma laboral en la que destaca el contrato fijo discontinuo. Ha costado casi un año, y la intervención de los sindicatos, conseguir —si es que al final se consigue— que nos den algo tan básico como la desagregación de los datos, con los periodos en los que los cotizantes trabajan y aquellos en que están a la espera de actividad. Y no me lean con segundas, no hago ataque o posicionamiento político alguno, solo quiero contar con la información que me ayude a entender a mi país.
Para este 2023 apenas estrenado les ofrezco un consejo, estimados tres lectores: duden de cuando en cuando de aquello que les cuentan, si se basa en datos a los que teóricamente puedan acceder. Búsquenlos ustedes mismos para verificarlo y, si no pueden, protesten con todas sus fuerzas a quien corresponda. Reclamen lo que es suyo.
P.D. Mi saludo, admiración y agradecimiento para Jaime Gómez-Obregón, ingeniero que lleva un tiempo realizando un gran trabajo en Internet en defensa de la transparencia.