Si los españoles tenemos «el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista» también lo demandamos para toda la historia pasada. Y no solo para la Transición y los primeros pasos de Felipe González como presidente de Gobierno (que es lo que incluyó EH-Bildu en el texto), sino para todo el pasado reciente que, por poner un ejemplo podía partir –aprovechando la cita de la Ley– de 1869 (Monarquía parlamentaria, Amadeo de Saboya, I República, dictadura de Francisco Serrano… hasta hoy).
El modelo de aquella primera Constitución de 1 de junio de 1869 (Gaceta de Madrid, 7 de junio de 1869, nº 158) se centraba en la soberanía nacional (art. 32), en la monarquía parlamentaria, división de poderes e independencia judicial (33-37) y en la existencia de dos cámaras legisladoras (38). Pero en el inicio del texto ya señalaba los derechos de los españoles, de entre los que se destacan: la inviolabilidad domiciliaria (art. 5), el derecho de voto (16), libertad de expresión, reunión y asociación (17), libertad de culto –«se mantiene especialmente el culto y los ministros de la religión católica»– (21), libertad de enseñanza (24), y que «todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad» (27) además de que «no será necesaria la previa autorización para procesar ante los tribunales ordinarios a los funcionarios públicos, cualquiera que sea el delito que cometiere» (30). También llama la atención que en dicho texto se diga: «Los ministros son responsables ante las Cortes de los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Al Congreso corresponde acusarlos y al senado juzgarlos. Las leyes determinarán los casos de responsabilidad de los ministros, las penas a que estén sujetos y el modo de proceder contra ellos» (art.89); se precisa que «se establecerá el juicio por jurados para todos los delitos políticos, y para los comunes que determine la ley» (93). Un texto de gran interés sin duda.
Volviendo a la actualidad, el impulso a los cambios de nombres del callejero nacional, exhumación de personajes de la historia, eliminación de estatuas, símbolos y títulos nobiliarios, etc. y el mantenimiento de otras que no hacen mención a una parte exclusiva de dicha historia nacional, no tiene sentido; resulta impropia y contradice «el conocimiento de la verdad histórica».
Si con la Constitución de 1978 se había llegado a un pacto con el que una amplia mayoría de los españoles, a través del referéndum que ratificó el proyecto de Constitución (6 de diciembre), estábamos de acuerdo con la propuesta de mirar hacia adelante sabiendo lo que se había vivido desde abril de 1931, no se entiende que la Ley de Memoria Democrática pretenda «suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales». Aquí se confirma la intención de algunos dirigentes por provocar, de nuevo, enfrentamientos sociales donde no los había y destruir la tranquilidad ciudadana existente durante las últimas décadas.
La ley de amnistía de 1977 ayudó a impulsar la Constitución en todos los sentidos, por más que a algunos actualmente quisieron revolver de nuevo aquella decisión y revisar con lupa la larga lista de favorecidos por la norma.
En cualquier caso, se aprecia en la Ley de Memoria Democrática una intención revanchista selectiva con pretensiones de reparación, puesto que en ningún renglón del texto se menciona a otros que no estén en la causa republicana dado que la imposición de multas deja bien claro que se perseguirá el «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares». La pregunta es obvia: ¿Por qué solo a los de izquierdas? ¿El sufrimiento habido en el otro bando antes del conflicto civil no debe ser considerado por nadie? La violación de los derechos humanos ha irradiado todos los lugares de la geografía española. El sufrimiento ha existido en muchos momentos del siglo XX. Las familias españolas todavía guardan las huellas del horror y el llanto. No tiene sentido, pues, que la arbitrariedad decida sobre cómo es nuestra Historia.