Ni armisticio, ni tregua, ni conferencias de paz. Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizaran un encuentro que tenía como finalidad establecer la paz entre ambas administraciones y fijar el COVID-19 como único enemigo para preservar la salud de los madrileños, y según la teoría de Díaz Ayuso de todos los españoles -”Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España”-, las rupturas del alto el fuego y las escaramuzas no han dejado de sucederse y así, lo que se presumía un principio de acuerdo, ha desembocado en la decisión del Gobierno central de decretar el estado de alarma en la comunidad de Madrid.

La decisión de los jueces de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anularon la orden de la Consejería de Sanidad de Madrid por la que se imponía el confinamiento perimetral de Madrid y otras nueve localidades madrileñas de más de cien mil habitantes, se basaba en que una ley ordinaria, la de 2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que permite establecer respuestas a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública, no permite la restricción de derechos fundamentales -circulación-.

El Gobierno de Madrid acató el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado 30 de septiembre, basado en esa ley a regañadientes y publico la orden de confinamiento perimetral sabiendo que en su interior lleva el regalo del caballo de Troya que permitiría su anulación. Por ese motivo tuvo mucho cuidado de que sus órdenes para los confinamientos por áreas de salud, que si fueron validadas por el mismo tribunal se basaran en la Ley General de Sanidad de 1986. El deseo del gobierno autonómico de mantener el enfrentamiento con el Gobierno central se ha hecho más patente con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha dado luz verde a las restricciones en León y otras localidades, porque el gobierno de esta comunidad sí que ha basado los confinamientos en la ley orgánica de 1986.

Una vez lograda la victoria en la batalla judicial, Isabel Díaz Ayuso no ha mostrado voluntad de negociar sino de mantener, ampliado, el método de las restricciones por áreas de salud. Su llamamiento para que los ciudadanos de la comunidad hicieran un ejercicio de responsabilidad y se mantuvieran en sus casas sin salir a otros lugares chocó con un dato, el incremento de las reservas hoteleras fuera de la comunidad y de los previsibles viajes a segundas residencias.

Pero como saben otros gobiernos autonómicos cualquier desafió al Gobierno central derivará en una derrota, aunque las decisiones tengan un coste político. La presidenta madrileña lo tenía fácil para cargar las responsabilidades sobre Pedro Sánchez, pero los datos son incuestionables, Madrid es la región de Europa más afectada por la pandemia. No habrá paz entre Sánchez y Díaz Ayuso en los próximos días, mientras el coronavirus se enseñorea del campo de batalla.

Lo que no se podrá argüir a partir de ahora es que existen dudas sobre lo que los madrileños afectados por las restricciones pueden y no pueden hacer, porque la orden de Sanidad, acordada por mayoría con las comunidades autónomas, es clara para los próximos quince días.