El verano pasado el problema fue la falta de agua. Meses antes un convenio –73 págs.– tripartito proponía unas obras y una financiación como solución definitiva al eterno problema del abastecimiento de agua a la Capital. El actual Alcalde –Sánchez Cabrera XAV– definió Cogotas como reto de futuro en su toma de posesión. ¿Qué ha pasado un año después para renegar del Plan Cogotas? ¿Es su conocido coste –8.112.959 euros–? ¿Puede ser que la obra ni la licita, ni adjudica el actual Ayuntamiento? ¿Tiene Ávila un oasis inexplorado? O acaso solo es el emblema buscado para cuestionar la política anterior.
El Consistorio ha acordado la constitución de un comité de expertos para el estudio e investigación sobre la situación y futuro del abastecimiento de agua y sus reservas. Este órgano colegiado –sin reglamento interno– se basa en tomar como «hito de referencia» el convenio ya firmado. La referencia se debería respetar, pero parece evidente que deshacerlo es el objetivo, máxime cuando el principal organismo público firmante –Acuaes– está excluido de dicho Comité y no lo puede defender. Si el convenio es la referencia carece de sentido que el Comité tenga funciones en materia de abastecimiento para proponer soluciones técnicas, innovaciones y nuevos planes.  
Solo acierto a entender que el Comité es una coartada deliberada del actual Regidor y su equipo de gobierno para resolver el convenio firmado sin penalizaciones, sin coste político, ni cuestionamiento social. Para ello se ha constituido una inconcebible y extensa mesa de expertos –hasta 14– que ni son tan expertos, ni son tan independientes. La composición aprobada por el Consistorio – voto en contra el PP– se asemeja más a un Politburó soviético, con comisarios políticos (preside el Teniente Alcalde de Urbanismo –XAV–); varios técnicos municipales con clara dependencia orgánica y jerárquica de los órganos políticos municipales (se supone que además han venido informando sobre otras opciones y también sobre el convenio firmado); representantes de la empresa concesionaria del agua de Ávila –lógico interés–; otros organismos políticos (CHD, Junta) y Universidades (de los tres representantes académicos uno figuró como candidato – nº 14–  en la lista electoral de la formación XAV que gobierna).
Proponer ratificar el convenio –hito de referencia– debería ser el primer punto del orden del día de la primera reunión del próximo jueves del Comité. De no ser así es evidente que los 14 están elegidos para justificar la denuncia del convenio. Sorprende que entre los elegidos no haya ningún experto en números y financiación, pues cualquier solución tiene un coste. Euros que en el convenio firmado adelantaba Acuaes y que el Ayuntamiento devolvería en 25 años a partir del año 2022. En el reparto a cada abulense le tocaría entre 4,7 euros (1º año) y 6,6 euros (año 25) para la solución definitiva firmada. ¿Se puede ahorrar ese dinero y con qué riesgos? Hoy se pagan más impuestos por servicios de menor valor añadido. 
Los nombres y caras de los 14 podrán pasar a la crónica oficial como «el comité de los aguadores» y no es descartable que la solución final sea tan simple como contratar algún zahorí o recomendar sacar a la Virgen de Sonsoles cuando haya sequía. Visto como rige el actual gobierno municipal esta cuestión puede acabar siendo incluso argumento para un referéndum local, eso sí, antes de la próxima sequía.