El nuevo escenario que se ha abierto con la pandemia debería servir también para remover algunos cimientos que permitan un salto cualitativo en la competitividad y la gobernanza de las universidades, un ámbito al que no se le presta la debida atención que merece. La comunidad de Castilla y León tiene nueve instituciones universitarias, cuatro públicas y cinco privadas, lo que en conjunto debería ser una herramienta de alto valor no sólo para generar talento, sino para retenerlo. Pero para ello es necesario un tejido productivo capaz de absorberlo, sostenible y diversificado. O sea, cuestiones de hondo calado que precisan una relación más intensa entre lo público y lo privado para adecuar las políticas universitarias a la realidad del mercado laboral. ¿Alguien piensa que las demandas de personal cualificado de hoy van a ser las mismas que dentro de una década?
La crisis sanitaria ha acelerado en tres meses lo que podría haber sucedido en tres años. El teletrabajo ha venido para quedarse y las nuevas profesiones que imponen los irrenunciables procesos de digitalización en nada se parecen a muchos de los títulos que van a impartir las universidades el próximo curso.
Esa atávica divergencia entre el mercado laboral y los inescrutables reinos de la enseñanza superior no acaban por romperse. Los centros universitarios siguen atados a procedimientos endogámicos, sin suscitar la capacidad transformadora de la sociedad que se le presuponen, con equipos rectorales que, salvo honrosas excepciones, aprenden el oficio casi cuando toca el fin del mandato. Gestionan presupuestos millonarios que, en el caso de las públicas, proceden de los bolsillos de todos los contribuyentes. Y, lo que es peor, responden muchas veces a luchas internas que suelen tener como origen el propio ombligo y la ambición de poder. Toda una rémora para el buen cumplimiento de los importantes desafíos que tienen encomendados las universidades, habitualmente enemigas de la formación online. Pero las circunstancias han cambiado, y mucho. Tanto que no hacer cuanto antes ese ejercicio de adaptación supondrá a la postre una retorcida vuelta de tuerca a un sistema anquilosado y excesivamente politizado, en el que los perjudicados serán siempre los alumnos y nuestros jóvenes.