El anuncio del procedimiento para indultar a los políticos condenados por sedición con motivo del 1-O dejó ayer en un segundo plano, de manera temporal, el delicado problema que vive España por el agravamiento de la crisis sanitaria generada por la Covid-19. El anuncio hecho en sede parlamentaria por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, confirmó las sospechas de las últimas semanas en cuanto a que la tramitación de estas solicitudes de excarcelación terminarían coincidiendo con el periodo de negociaciones que el Gobierno tiene abierto para recabar el apoyo de los partidos independentistas a los presupuestos generales del Estado. El anuncio tiene, además, el agravante de que se verbalizó con el presidente del Gobierno ausente de la sesión de control debido a que su agenda internacional le llevó a Bruselas. Así, Pedro Sánchez se situaba fuera del foco en una jornada que parecía haber sido elegida premeditadamente para el anuncio de este trámite, aprovechando una pregunta en el Congreso de la parlamentaria de JxCAT Laura Borrás.
La confirmación de la sospecha tuvo la reacción esperada en los principales partidos de la oposición, que han vuelto a incidir en que el Gobierno de coalición va a pagar por las cuentas públicas de 2021 un precio altísimo, tanto que a juicio de PP, Vox y Ciudadanos se trata de una mera compra de votos. Es perfectamente comprensible la reacción de estas fuerzas políticas ante este hecho, más allá de que si no hubiera sido por este motivo igualmente habrían buscado otro para cuestionar al Gobierno y tratar de impedir la aritmética necesaria para aprobar los presupuestos. Sin embargo, la sensación de falta de pudor del Ejecutivo es demasiado notable. No solo eso, sino el desatino de hacer coincidir el anuncio con el día en el que el presidente de la Generalitat se negaba a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia catalán por la presunta comisión de un delito de desobediencia al entender que su sentencia ya está escrita. Acogerse a su derecho a no declarar cuestionando el sistema que va a impulsar que doce encarcelados por el 1-O sean indultados es otro ejemplo de hasta qué punto el Gobierno ha de meditar muy seriamente sobre si a España esos apoyos parlamentarios le generan más beneficio que perjuicio.
El Ejecutivo de Sánchez haría bien en mantener abiertas todas las vías posibles para poder aprobar unos presupuestos aptos para el país. Bien es cierto que enfrente habría de existir cierta predisposición al interés general que, salvo Ciudadanos, no se percibe con nitidez. Pero cada vez es más evidente que el futuro de España no puede pasar por la tendencia del Gobierno al trágala constante ante los independentistas.