Que Estados Unidos, en el informe anual de su diplomacia, recoja que el presidente y el vicepresidente del Gobierno de España han vertido amenazas a la prensa es grave. Que la Unión Europea exija a España una reforma laboral "integral y ambiciosa", pero no en la línea que está tratando de imponer la ministra de Trabajo y ahora vicepresidenta tercera, es importante porque puede afectar a la llegada de los fondos europeos. Pero son solo dos aspectos del déficit de calidad democrática que padece hoy nuestro país y que está poniendo en riesgo que podamos hablar realmente de un Estado de Derecho.

Si hacemos un repaso rápido, hay que empezar por la Corona y la figura del Rey, a los que quieren limitar sus ya escasa prerrogativas y que han sido objeto de duros ataques, y hasta de deslealtades, por quien hasta hace horas ha sido vicepresidente de un Gobierno que, por su parte, ha incumplido muchas de sus obligaciones, ha mentido a los españoles, ha gestionado mal la crisis y ha gobernado abusando del decreto ley. El presidente de ese Gobierno ha aceptado, sin rechistar, enterarse, casi al mismo tiempo que los medios y los ciudadanos, de la dimisión de su vicepresidente y que éste "le nombrara" una vicepresidenta y una ministra, saltándose lo que es una prerrogativa exclusiva del presidente.

El Parlamento no funciona, no controla al Ejecutivo y no pinta prácticamente nada porque apenas hay debates ni comisiones de investigación -sirvan éstas para lo que sirven- ni acuerdos en temas de Estado ni respuestas del Ejecutivo que no sean otra cosa que mítines electorales. No hay que achacárselo solo a los que mandan. La oposición, si es que la hay, tampoco se gana el sueldo. Mucho mitin y escaso trabajo. La imposibilidad de conseguir un pacto para renovar el Consejo del Poder Judicial -porque todos quieren el control político de los jueces y no una justicia independiente y que funcione- es la punta del iceberg de la situación de una Justicia lenta, atascada e ineficiente.

Sumen ustedes un Tribunal Constitucional donde tampoco hay acuerdo para el relevo y donde algunas decisiones se atascan durante años, y una Fiscalía General del Estado, doblegada al Ejecutivo, cuya titular se reúne de tapadillo con periodistas en el piso de su actual pareja, con nombramientos sesgados, con decisiones contra algunas personas cuando menos discutibles, y verán que no es posible ser optimistas.

Pero lo mismo podemos decir de los partidos políticos o de los sindicatos, en los que el poder absoluto reside en muy pocas manos y cuya organización interna es antidemocrática. O de las empresas públicas, cuyos dirigentes, que manejan cientos o miles de millones de euros, son elegidos no por su capacidad gestora o por sus conocimientos técnicos sino por su lealtad al que manda. Casos como los de Correos o la SEPI son prueba tangible de ello. Como también lo es la designación de otros cargos públicos como la Secretaría de Estado de Deportes, con cinco relevos en cuatro años y sin que ninguno de los dos últimos supiera nada de deporte, o la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, que ocupará el secretario general del PCE, Enrique Santiago, cuyos méritos y conocimientos para ese cargo se me escapan después de leer su currículo. Lo eligió Iglesias.

Termino. La gestión de la COVID se califica por sí misma y el estado de Alerta impuesto por el Gobierno sólo ha servido para limitar derechos y libertades y no rendir cuentas. La gestión de los Fondos de la Unión Europea, inexistente, sin diálogo y tratando de eludir todos los controles imprescindibles, puede tener consecuencias muy serias en la salida de la crisis. Yo tenía esperanzas de que, al menos, el Consejo de Transparencia siguiera como hasta hace poco, cuidando un aspecto fundamental para un país moderno. Pero también se ha rendido con armas y bagajes al poder. Lo siento, pero tiene razón Pablo Iglesias cuando critica la baja calidad de la democracia española. Aunque él sea responsable de muchos de esos déficits y, en el fondo, se alegre de que sea así. Por eso es imprescindible rescatar el Estado de Derecho. Para que no lo acaban jubilando anticipadamente. Nos va en ello la democracia y las libertades.