El Gobierno ha implantado un impuesto de las grandes fortunas que ya ha entrado  en vigor este año. Lo que no será fácil pues no se crea un impuesto coherente con tanta urgencia. El anuncio probablemente sea más simbólico que real y obedezca a las múltiples concesiones dadas a  una parte del Gobierno (los de Podemos). En Hacienda y en asuntos de impuestos está todo inventado y prueba de ello es que tenemos el impuesto sobre el patrimonio neto. 
Los detractores del mismo alegan varias razones. Primera: la doble imposición, esgrimen que los recursos que se pretenden gravar ya han tributado en el IRPF. Pero esto es un poco falaz, pues en todos los impuestos habría una doble imposición, dado el proceso circular de la economía. Cuando pagamos el IVA o los impuestos especiales lo hacemos con recursos que dedicamos al consumo y que han sido previamente gravados por el impuesto de la renta. El impuesto de transmisiones que genera una serie indefinida de transacciones. Y lo mismo con el impuesto sobre bienes inmuebles que es generalizado y no progresivo y afecta por igual a todas las rentas. 
Segunda: Que es un impuesto que recae exclusivamente sobre las clases medias. Puesto que los contribuyentes de ingresos elevados se escapan de su gravamen mediante la creación de sociedades interpuestas. Pero si las grandes fortunas eluden tributos tales como IRPF, patrimonio o sucesiones es porque el poder político lo permite, pues tiene mecanismos para evitar la evasión de los impuestos. Y además puede fijar un mínimo exento tan grande como quiera para evitar que las clase medias lo paguen (por ejemplo un millón de euros sin contar la vivienda habitual) y que haga que tributen únicamente aquellos con un patrimonio suficientemente alto. Pero es más, dado que las rentas altas tienen sus bienes materializados en sociedades y sus rendimientos serían ganancias de capital y por ello solo aparecen  como ingresos cuando se realizan, lo que puede suponer diferir indefinidamente la tributación. Las rentas de capital soportan una menor carga fiscal que las remuneraciones del trabajo y además se reduce la progresividad del impuesto al tributar de forma separada. Es cuando más necesario se hace un impuesto de patrimonio y de sucesiones. Y sin olvidar la existencia de determinados bienes de lujo e improductivos que no generan ingresos y por ello no serian nunca gravados en la renta.
Tercera: Que es un impuesto muerto. Pues la introducción en la década en la década de los noventa de la libre circulación de capitales en Europa lo tiene condenado a muerte. Ya que la inmensa mayoría de los países de la Unión lo ha quitado de sus regímenes tributarios y solo unos pocos mantienen un gravamen parcial sobre la riqueza. Con un claro carácter  de dumping fiscal entre los distintos estados. Y atraer las riquezas y las inversiones de otros países. Que es lo mismo que están haciendo nuestras comunidades entre sí ahora mismo. Todo ello sin olvidar que el mayor dumping fiscal es el Régimen Foral Vasco. Queda claro que los mandatarios europeos están muy lejos de aproximarse a la muy necesaria armonización fiscal europea, condición necesaria pero no suficiente para avanzar en más Unión Europea.
 Con este impuesto se puede mermar o diluir las desigualdades sociales y ser un vehículo para un mejor reparto de las rentas. Un estado que pretenda ser justo ha de tener un sistema fiscal progresivo con impuestos potentes sobre la renta, sobre las sucesiones y sobre el patrimonio neto. La suficiencia y la equidad de un sistema fiscal exigen una pluralidad de impuestos que graven las manifestaciones de la capacidad económica de sus ciudadanos.