Pagar un peaje por circular por las autovías será una realidad en poco más de dos años. Nadie debería hacerse el sorprendido. Aparecía como inexorable en el plan de recuperación enviado a Bruselas para optar a los fondos de recuperación europeos establecer unas tarifas por el uso de cualquier carretera de alta capacidad a partir de 2024. La medida se prevé impopular y seguramente provocará protestas, pero eso no justifica el oscurantismo en el que se cobija el Gobierno cada vez que amaga en público con contar algo más de lo poco o casi nada que se sabe hasta ahora. Porque aún se desconoce quiénes, cuánto, cómo o en qué casos pagaremos, o para qué servirá ese dinero recaudado. Alimentan la ceremonia de la confusión desde el Ministerio de Transportes cada vez que inflan y rápido pinchan el globo sonda de estos peajes que ahora no quieren que llamemos por su nombre. Parece que no basta para soliviantar a los conductores y profesionales de la carretera, ahora cuando más caro está el combustible desde el año 2013, el secretismo con el que se esconde un plan que sigue sin someterse al debate y análisis de los agentes sociales, económicos y del sector del transporte, cuanto menos. Estamos ante una medida fiscal de calado con impactos imprevisibles en determinadas circunstancias y territorios, y no se puede imponer unilateralmente sin ningún tipo de deliberación, ni acuerdo previo, ni con el sector del transporte, ni con las restantes fuerzas políticas.

Deberá esmerarse más el Ejecutivo en explicar que el objetivo es acabar con el déficit de conservación de nuestra red viaria. Las autovías no son 'gratis' una vez construidas, siguen teniendo unos costes de mantenimiento que hay que decidir si se cubren con impuestos como hasta ahora o gravando el uso. De una manera u otra debe pagarse ese gasto, si se quieren garantizar que sigan siendo seguras y no se degraden progresivamente. España es uno de los tres países de la UE que aún no lo tienen regulado. El resto usa diferentes fórmulas bajo la premisa de quien rompe y contamina paga, ya sea con un canon anual, tarifa plana o telepeaje por tramos... Aquí aún no se conoce ninguno de los pormenores del proyecto ni cómo se materializará, pero atendiendo a las últimas filtraciones de estos días se puede concluir que la posibilidad que cobra más fuerza es la de un pago simbólico que rondaría el precio de un céntimo por kilómetro recorrido, aunque esto aún no se ha consensuado ni tan siquiera con los socios en la coalición de Gobierno.

España adolece desde hace demasiado tiempo de una política de infraestructuras de transporte consensuada, y menos en lo referente a la cohesión territorial. Hay suficientes visos para pensar que eso será irresoluble en el corto plazo. Esto al menos explica, como estamos volviendo a comprobar, la demagogia en un debate que lo que realmente requiere es más pedagogía y menos opacidad.