Ahora que se vive el inicio de la gran borrasca que se avecina de desempleo en España, confirmamos que nada mejor que pertenecer a un partido político o merodear a su alrededor a través de las cientos de fundaciones o asociaciones oportunistas.
Son muchas las voces que denuncian que los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación de personas que no han sabido hacer nada en otros ámbitos de la sociedad -ni lo han pretendido- y que, además, sin currículum, su futuro sería negro, muy negro.
Por eso no me extraña que desde el partido morado -y pensando en el pesebre- se impulse una idea feliz para todos ellos: que ante el acceso a un puesto de trabajo en el ámbito público o privado no se tenga en cuenta el currículum. Es decir, lo que se pretende es impulsar la excelencia de la mediocridad. Por eso tiene sentido la ley Celaá, que ha dado la puntilla a lo poco que quedaba de la formación personal basada en el esfuerzo.
Me niego a que España permita tal disparate, que no fomente la discriminación, porque si algo hay que valorar es la dedicación y entrega de todas aquellas personas que deciden apostar por su vida y, para ello, dedican su tiempo y dinero en formarse para conseguir un futuro mejor; y todo ello a base de disciplina, organización, valentía, superación. 
Las grandes empresas de colocación son las administraciones (autonómica, provincial, local y central; sí, por este orden). No quiero decir que no se necesite contratar a más personas, pero sí contratar a aquellas que realmente se necesitan en los sectores estratégicos de la Administración (Sanidad, Educación e Investigación, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de la seguridad del Estado). Esto obliga, sin duda, a un ejercicio de decencia absoluta, abandonando la relación clientelar que se ha establecido a lo largo de 40 años en todos los feudos (sí, todavía seguimos con el modelo feudal).
Sabemos que cualquier nuevo contrato en el ámbito público supone una nueva carga para los impuestos ciudadanos, por eso quienes gestionan esos fondos deben hacerlo con la cautela de que todo tiene un límite y el bolsillo del contribuyente no da más de sí (por eso, si hay que amortizar puestos de trabajo por jubilación, se hace, sabiendo, como sabemos, que muchas de esas plazas no tienen sentido, como los sustitutos de los liberados sindicales). España no se puede sostener sobre el interés personal y partidista de los gestores de turno; se necesita realismo, demostrar eficiencia y cumplir los objetivos adecuadamente.
Para ello hay que entender que al frente de un cargo político hay que poner al mejor, al especialista, al que sabe de la materia que le ocupa. No se trata de mover peones en función de la jugada; no, hay que exigirle experiencia y capacidad de gestión, pues un cargo en la administración no se equipara a la gestión de una asociación de vecinos. También que su experiencia evitará acumular asesores que cubran su incapacidad. Y las exigencias deben ser igual para todos más allá del nivel de responsabilidad de que se trate.
Y si a estos temas mencionados añadimos los diversos cargos que tienen muchos políticos, comprobamos la magnitud del despropósito. La incompatibilidad de cargos y la limitación de legislaturas debería ser un hecho para todos (al igual que la inviolabilidad, el aforamiento, las puertas giratorias), pues nadie puede atender más de un cargo al servicio de los ciudadanos, sobre todo si lo quiere hacer con responsabilidad. Si pensamos en los partidos políticos vemos como la red se extiende más allá del universo social; somos capaces de justificar quién está y dónde y, además, sabemos por qué, porque la pregunta es muy sencilla: ¿Qué es lo que hizo a lo largo de su vida para llegar a dónde está? La respuesta es simple: arrimarse a buen cobijo desde aquel momento que entró por primera vez en una sede local o regional de su partido, fundación o asociación periférica.
Por todo esto, es bien sabido que ningún político está dispuesto a poner sobre la mesa la obligada y urgente Auditoría General de la Administración del Estado en su conjunto. Seamos realistas: no lo harán porque en ello les va su asiento y su red clientelar, el pesebre y los votos. Pero es muy necesaria y nadie duda de su premura. A España, y a los españoles, se le va gran parte de sus dineros por esas redes y alcantarillas que siempre están dispuestas a tragarse todo lo que le echen. Pero no, señores, no podemos seguir así. Hay que abordar rápidamente este gran asunto, trascendental para la subsistencia de España.
Hay que acabar, definitivamente, con las agencias de colocación de la mediocridad creadas en la Administración Pública.