Luis Miguel de Dios

TRIGO LIMPIO

Luis Miguel de Dios

Escritor y periodista


Aborto

17/01/2023

¿Cuántos años lleva gobernando el PP en Castilla y León?, ¿cuántos desde que está en vigor la actual Ley del Aborto, esa que le costó el cargo de ministro de Justicia a Gallardón cuando intentó cambiarla?, ¿por qué, en todo este tiempo, ni desde el Gobierno central, ni desde la Junta, se movió un solo dedo para poner en marcha el llamado protocolo para "el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias", que muchos llaman simplemente "antiaborto?, ¿no lo consideraron las ilustrísimas autoridades tan urgente y necesario como parece ahora, menos de doce meses después de la entronización de la coalición PP-Vox?, ¿qué llevó tanto a la derecha como a la ultraderecha a no incluir este asunto en sus respectivos programas electorales, tan recientes ellos, si de verdad lo creían vital como parece desde el jueves, 12 de enero, para acá?, ¿qué ha pasado para que lo que llevaba ahí más de doce años sin generar roces se haya convertido en una polémica nacional, en una bronca que alcanza a toda la sociedad? La respuesta a esta última pregunta es sencilla: la presencia de Vox en el gobierno de Castilla y León y el sometimiento de los populares a las iniciativas de los de Abascal. No es fácil entenderlo, salvo que se parta de una premisa clave: Mañueco está dispuesto a todo para seguir de presidente. García-Gallardo lo sabe y actúa en consecuencia. Es decir, marca la agenda y pone sobre la mesa lo que quiere, lo que políticamente le es más rentable. Y lo hace, faltaría más, en nombre de la Ley, la libertad y los derechos de las mujeres embarazadas y los profesionales sanitarios, como escribió el propio Mañueco al defender el susodicho protocolo, que dicen que ayer entró en vigor sin que los médicos hubiesen recibido (al menos hasta media mañana) instrucciones. Además, ya tenemos lo que PP y Vox deseaban: un encontronazo, uno más, con Pedro Sánchez. ¿Era eso lo que realmente se pretendía? Juzguen ustedes, aunque ya se anuncian querellas y denuncias judiciales por doquier. El Gobierno central pide que no se aplique el protocolo. La Junta dice que ni un paso atrás. Todo muy edificante.