Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. La frase atribuida a Wendell Holmes expresa un impropio conformismo para mantener nuestro nivel de vida –bienestar social–. Son imprescindibles, sin embargo, inciden negativamente en la actividad económica y en las familias durante largos periodos de tiempo. Además, una parte del esfuerzo contributivo de los ciudadanos no redunda en una mejora de los servicios recibidos, sino que se pierde en gasto burocrático, improductivo y redundante. 
La frágil memoria del abulense le hace no recordar que el actual equipo de gobierno municipal (XAV surgió en 2019 con una vulgar propuesta de cambio) tardaron apenas tres meses en plantear una subida del principal tributo local –IBI– del 8,6% (se propuso hasta un 17%) con un perverso efecto multiplicador en los años siguientes. Esa iniciada senda alcista solo la paró la pandemia. Una mayor recaudación ineficiente pues no ha servido para un mayor crecimiento de Ávila y de su empleo, ni la atracción de nuevos capitales, ni nuevas inversiones, ni más empresas. Los ingresos por IBI –22 millones– sirven en su integridad para el pago de salarios y seguros sociales de una abultada nómina municipal.
En plena pandemia mientras otros consistorios, si, redujeron impuestos, en Ávila solo se aplazaron los pagos, pero la presión tributaria se mantenía. Se condonó el pago de la tasa por terrazas que incomprensiblemente, normalizada la actividad, se mantiene para este y el próximo año –el sector hostelero no ha pedido esa dispensa y si otras–. Tuvo el equipo de gobierno la posibilidad de congratularse con los ciudadanos con ocasión de la nulidad jurídica del impuesto de plusvalía municipal, pero sin embargo ha optado por trasladar a la ordenanza unos coeficientes máximos –sin ajustarlos al mercado inmobiliario abulense–, que lo volverán a ser con la reforma (potestativa para los municipios) que el Gobierno aprobará para 2023.
A esa presión fiscal se suma que el ayuntamiento durante la legislatura ha seguido pidiendo empréstitos al sector financiero sin generar equipamientos productivos y que el resto de ingresos han venido en forma de transferencias asignadas y subvenciones finalistas que o bien procedían de la gestión de la anterior legislatura o bien de aportación del Estado y de la CCAA. Las obras que se verán en los próximos días en la ciudad (intencionalmente reservadas en estas fechas preelectorales y dirigidas para ganar la reelección) no son producto de los impuestos locales que pagan los abulenses que se han empleado para otras cosas menores como fiestas, saros y luces de navidad. Les invito a que se detengan y lean los carteles anunciadores de esas obras donde figuran los verdaderos patrocinadores de las mismas. 
En esta legislatura con los ingresos obtenidos debería haber dado lugar a servicios públicos de mayor calidad ya que la administración ha sido insuficiente y la gestión defectuosa. Siendo 2023 año electoral el equipo de gobierno ha presentado una «milagrosa» congelación de impuestos. Subir impuestos resta votos y sin duda XAV se presentará nuevamente ante los abulenses con un truco de magia que deja al descubierto dónde está la trampa para después de las urnas. Aún es peor escudarse en los informes técnicos de los funcionarios municipales para aprobar un aumento de la presión fiscal. De ser así no se necesita ni alcalde, ni concejales. Subir impuestos sin reducción del gasto público no esencial no es buena receta democrática.