Aunque Castilla y León, en su plano político, cerró el pasado año con una hilarante y estrambótica votación en sede parlamentaria, en la que un incomprensible despiste en la votación para la aprobación de los presupuestos por parte del PP y Vox (coaligados en el Ejecutivo) ha provocado el retraso de la entrada en vigor de ciertas medidas de rebajas fiscales, parece que finalmente será salvable el antológico error. Pero agua pasada no mueve molino, y, como la adicción al pasado no sirve de nada, creo de interés compartir con ustedes varias reflexiones sobre lo que este 2023 trae consigo en términos económicos, sociales y políticos en clave autonómica. Veamos, pues.
Los que difícilmente tendrá remedio a estas alturas es el deterioro de la actividad económica que se pronostica el nuevo año. Las previsiones de los principales institutos de medición económica alertan de un crecimiento muy por debajo de lo mantenido hasta ahora, con un mercado laboral que resentirá profundamente, al menos durante el primer semestre. Según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el escenario macroeconómico se encuadra en un contexto de materialización de no pocos riesgos, muchos de ellos ya identificados desde finales de 2021 y, de manera específica, a lo largo de 2022.
Ninguna autonomía es ajena a los efectos globales negativos derivados de la crisis energética, a la incógnita de la vulnerable inflación y al endurecimiento de las condiciones de financiación, que ya lastran las anheladas expectativas de crecimiento económico de la Unión Europea y, por ende, de España, para los próximos años. Estamos en síntesis ante una elevada incertidumbre que implica, más que nunca, que nuestra dirigencia política esté a la altura de las circunstancias, sin olvidarse de que todos conformamos una comunidad dotada de representados y representantes públicos, de competencias y autonomías propias y de un sinfín de metas y servicios que gestiona el Gobierno elegido por los ciudadanos para el bienestar del conjunto de la sociedad. Una alta responsabilidad que debe marcar la inequívoca hoja de ruta de cualquier Ejecutivo que se precie de tener en alerta los cinco sentidos, a pesar de las reiteradas lagunas en cuanto al sexto: el sentido común. Ese rumbo y no otro debería ser siempre el objetivo inexcusable de nuestros gobernantes, por encima de intereses partidistas, discursos estériles y miradas cortoplacistas.
Tampoco podemos obviar que el 2023 es un año cargado de citas electorales: comicios locales, autonómicos y nacionales. En Castilla y León, al haberse convocado elecciones en medio de la legislatura con el resultado conocido de un Ejecutivo integrado por PP y Vox, no es mandato democrático, salvo que se vuelvan a disolver anticipadamente las Cortes regionales. Aun así, la agenda pública en la Comunidad no podrá sustraerse a un inevitable cruce de posiciones políticas, dado lo mucho que hay en juego en ayuntamientos y en las posteriores elecciones generales. Por ello es mejor que pongan en cuarentena esa retahíla de promesas, ese tsunami de persuasión desmedida, que vamos a escuchar en cuanto los Reyes Magos estén de camino de vuelta a Oriente Medio.
Y dado que estas líneas toman forma mientras Sus Majestades reparten sonrisas en las Cabalgatas, habrá que confiar en la ancestral magia para que los malos presagios no sean al final tan acuciantes como advierten las predicciones más optimistas.