La cola es inmensa. Una fila descomunal zigzaguea por varias calles para mantener la distancia social y evitar los contagios. A pesar de la lluvia, ataviados todos con mascarillas, esperan su turno para recibir la bolsa con aceite, arroz, huevos, pan y algo de fruta, que les permita comer mañana. Ancianos, jóvenes, mujeres con niños, parejas, hombres solos... La hilera, que cada día se hace más grande, es la imagen que se repite en muchos barrios de las grandes urbes, una amalgama de edades y culturas con idéntico denominador común: la crisis económica desencadenada por el coronavirus les ha golpeado con la misma virulencia que lo hace la enfermedad cuando se presenta, sin entender de clases sociales.
Ya no sólo se concentran los de siempre, los más vulnerables, aquellos que viven perpetuamente en el alambre por múltiples circunstancias vitales que les condicionaron desde que nacieron, como si fueran merecedores de una condena, o que, de motu propio o sin desearlo, las han adquirido con el paso del tiempo. Hay miles de familias cuyos miembros han sobrevivido gracias a la economía sumergida, la mayoría aceptando trabajos relacionados con la asistencia a domicilio, a las que no les queda ni un mísero subsidio al que poder aferrarse. Ahora, también han surgido esos nuevos dramas, impensables hace unos meses al gozar de una situación aparentemente desahogada, que hoy, tímidos y avergonzados, se han convertido en un eslabón más de esa cadena interminable que trata de anclarse a la supervivencia.
Hay médicos que alertan del peligro que entraña que cada día haya más personas que, padeciendo diversas patologías que no provocan dolor pero que, si no se controlan, elevan los riesgos y pueden generar daños irreparables, como la diabetes o la hipertensión, se ven obligados a dejar de adquirir sus fármacos para destinar ese dinero extra a pagar una parte del alquiler, la factura de la luz o a comprar lo más básico en el supermercado. 
 Las asociaciones y ONG, como Cáritas, el Banco de Alimentos o Cruz Roja, y las distintas parroquias y colectivos vecinales, que se han volcado con las ayudas, reconocen que están desbordadas. No dan abasto, más aún cuando las denominadas operaciones kilo se han paralizado por su carácter presencial. La situación, que sólo aparece como la punta del iceberg, es más grave que la de 2008 y, en un solo mes, ayuntamientos como el de Madrid han recibido las mismas peticiones que las que tuvieron a lo largo de todo el pasado año.
Con el objetivo de tratar de paliar los efectos de la crisis, el Gobierno ultima una renta mínima para las familias más vulnerables, que llegará a casi un millón de hogares y que garantizará una prestación fija que variará entre los 462 y los 1.015 euros mensuales, dependiendo de la composición y el número de integrantes. El montante será un complemento a los ingresos y sólo se cubrirá íntegramente en los casos en los que no existan otras retribuciones económicas.
La medida llega en un momento crucial, pero el borrador que se ha filtrado presenta ciertas lagunas y genera dudas. Los requisitos se fundamentan en la firma de una «declaración responsable» que recoja que el demandante, que debe tener más de 23 años y menos de 65, no haya percibido «apenas» ingresos en 2019, no sea propietario de una vivienda valorada en más de 100.000 euros y está buscando trabajo activamente. Los problemas derivan de que las personas de avanzada edad con las pensiones más bajas se quedan en el limbo y que, aunque la finalidad es la de ayudar a los más necesitados, esta renta mínima puede fomentar los pagos en dinero negro para acceder a la prestación y, al mismo tiempo, convertirse en un instrumento que sirva para comprar voluntades.
La crisis sanitaria y social que ha traído el coronavirus ha generado un debate partidista entre lo público y lo privado. El fundador de Mensajeros por la Paz, el padre Ángel, denunció ese discurso político que defiende que únicamente lo público es con lo que se puede salir de la situación de emergencia, menospreciando una iniciativa privada que está dando excelsos ejemplos de solidaridad, arrimando el hombro para minimizar esa otra curva, allí donde no llega el estado del bienestar.
Grandes y pequeñas empresas están aportando su granito de arena para paliar los efectos de la pandemia. El último ejemplo es el del presidente de Mercadona, JuanRoig, que esta semana renunciaba a su sueldo y a los dividendos que le corresponden como máximo accionista -70 millones de euros- para destinarlos a proyectos sociales y a reactivar la economía. Parte de la sociedad se pregunta qué están haciendo esos políticos, a los que se les llena la boca criticando estas aportaciones, cuando siguen cobrando sus dietas íntegramente como si nada estuviera pasando.