En cuarenta y dos años de régimen democrático se han sucedido gobiernos de todo tipo, unos con mayorías absolutas, otros minoritarios con apoyos nacionalistas, y más recientemente desde la irrupción de los partidos de la ‘nueva política‘, un gobierno inédito de coalición y otros regionales con el apoyo externo de la ultraderecha.  En estos años en los que se han alternado en el inquilinato de La Moncloa socialistas y populares, se han producido en distintos momentos situaciones muy similares a las que se viven en la actualidad, incluso se firmaron pactos para normalizar la vida política una vez que el terrorismo dejara de ser uno de los principales condicionantes de la vida española.  

Las acusaciones cruzadas de autoritarismo en la acción de gobierno entre el PP y PSOE han sido frecuentes, las denuncias de la incapacidad de que ambos partidos alcancen pactos de Estado han sido continuas, el desprecio de ambos partidos a las instituciones cuando convenía a sus intereses partidistas han estado a la orden del día, y la justificación de pactos con los enemigos del Estado han sido constantes. Y todos los partidos han pasado de contar con órganos de dirección en el que el debate era la norma a su sustitución por el seguidismo acrítico a los líderes, sin que nadie levantara la voz por temor a no salir en la foto en las próximas listas electorales. Todo demasiado visto aunque  ahora parezca que se vive una situación excepcional.

En este momento, además de los problemas originados por la gestión de la pandemia, ya de por sí bastante penosa, la vida política gira en torno a una serie de circunstancias en las que confluye la debilidad el Gobierno, con el intento del socio minoritario por hacer valer sus escaños y las exigencias de los independentistas.

La disposición de Bildu a apoyar las cuentas el Estado levanta ronchas entre la militancia socialista aunque la dirección niegue que exista un pacto. Pero de ahí a que vayan a participar “en la dirección del Estado”, como afirma Pablo Iglesias, dista mucho trecho y mucho más si su pretensión es derribar el régimen del 78, algo que no lograron cuando patrocinaban el terrorismo que acabó derrotado por la fortaleza del Estado de derecho.

El castellano es terreno de batalla en Cataluña desde el comienzo de la Transición.  Ahora, con la ley Celaá dejará de ser lengua vehicular, algo que solo ha sido desde la ley Wert, pero sigue protegido por sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que los gobiernos populares no implementaron, sin dejar de reconocer que el carácter simbólico de la decisión es un triunfo para ERC y sin olvidar que, a efectos prácticos, los problemas originados por la enseñanza en castellano en Cataluña son minoritarios.

Tampoco se sabe de qué ningún medio de comunicación sólido y solvente se haya visto afectado por las actuaciones del ‘Ministerio de la Verdad’ y haya sido sometido a censura previa o posterior por las informaciones publicadas, mientras que  se conocen campañas de desinformación por otros medios.

El Gobierno trató de presionar al PP con una ley que cambiaba la forma de elección del CGPJ considerada como otro ataque autoritario a la división de poderes. Sin embargo, nadie presiona a Pablo Casado para que cumpla con la legalidad constitucional que tanto dicen defender.  Presiones que sí recibió el PSOE para permitir, por ejemplo, la investidura de Rajoy.