De acuerdo con el programa agrario previsto para esta legislatura, el Ministerio de Agricultura ha iniciado la cuenta atrás para la aprobación de una nueva Ley de la Cadena Alimentaria de cara a la transposición a la misma de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales entre empresas en el suministro de productos agrícolas y alimentarios que deberá estar lista antes de la próxima primavera. Sobre el papel, los objetivos son los mismos que los demandados por el sector en los últimos años: lograr un mayor equilibrio entre las partes que participan desde que sale un producto del campo a los lineales de los consumidores; conseguir una mayor transparencia en los precios y que los mismos no se decidan de arriba hacia abajo en función de las estrategias de mercado. Los precios de un litro de leche o de aceite, o de un kilo de conejo en origen no pueden ser simplemente la resta del precio al que lo quiera vender la distribución hasta llegar al campo descontando los márgenes de beneficio de cada eslabón como ha sucedido y se mantiene hoy en muchos momentos en los mercados. 
Finalmente, objetivo básico de la Administración es lograr una mayor capacidad negociadora de agricultores y ganaderos, tanto con la industria alimentaria, como cuando lo hacen intermediarios o directamente con los grandes grupos de la distribución. El problema de siempre es cómo se logra esa meta ante la existencia de una actividad productiva muy dispersa y donde el poder teórico de las cooperativas u otras entidades asociativas con dominio de la producción en sectores como aceite o vino, no se corresponde con unas estructuras con la capacidad negociadora para defender el precio de su productos.
Disponer de una Ley de la Cadena con unas reglas de juego claras entre todos los operadores y evitar los abusos es una vieja y casi histórica reivindicación. Las ministras socialistas que pasaron por Agricultura entre 2004 y 2011, Elena Espinosa y Rosa Aguilar no se atrevieron a sacar adelante esa ley ante la oposición de los responsables de Economía y Comercio. Miguel Arias Cañete sacó la Ley de la Cadena en 2013 por la que se marcaban las exigencias en materia de contratación, pero donde no se abordaban situaciones como la de la venta a pérdidas. Fue una disposición positiva complementada con la creación de la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria, a Aica, para velar por su cumplimiento con resultados mejorables, pero positivos. Con la Ley en vigor, el sector reclamó cambios para que la misma fuera más efectiva.
En esta línea, las movilizaciones de los primeros meses de este año donde el sector reclamaba precios justos para asegurar la sostenibilidad de las explotaciones, dieron lugar a la aprobación con carácter de urgencia del real decreto ley por el que se profundizaba en esa dirección, se daba luz verde a la posibilidad de publicidad de sanciones y se abría una frontera hacia la rentabilidad del sector con la obligatoriedad de que los contratos reflejasen al menos los precios de coste en origen de los productos. En toda la disposición no figuraba la prohibición textual de la venta a pérdidas. Sin embargo, es algo que se daba por hecho cuando se indica que el precio en ningún eslabón de la cadena estaría por debajo de los precios del eslabón anterior, a la vez que se regulaban las promociones para evitar prácticas generalizadas de ventas por debajo de coste.
Sobre el papel, la obligatoriedad de los contratos con precios que cubran los costes de producción, es un paso positivo. En la práctica, sin embargo, su cumplimiento deja interrogantes al tratarse de productos perecederos con fecha de caducidad, que no se pueden almacenar al infinito y con una relación de fuerzas muy dispar entre los miles y miles de productores y los reducidos grupos compradores. Además, no se puede olvidar que el contrato, al margen de lo que diga la ley, es un acto voluntario entre un vendedor y un comprador, sin que tampoco exista una cifra exacta sobre los costes de producción en cada explotación, variedad o período del año. La Aica está jugando un papel importante en tareas de control para evitar abusos, pero podría y debería contar con más recursos para llevar a cabo con más eficacia su cometido a la luz de las nuevas exigencias.
Hoy, con el real decreto en vigor donde es obligado que los contratos contemplen los costes de producción como mínimo, son públicos los contratos que se llevan a cabo en sectores como leche, aceite o frutas y hortalizas con precios por debajo de los costes medios de producción sin que se sepa de actuaciones contra el desarrollo de dichas prácticas.
Con la nueva disposición, entre otras medidas, se exigirá la aplicación de los contratos a todas las operaciones comerciales por encima de los 2.500 euros, se amplían las prácticas comerciales desleales y prohibidas y se refuerzan los procedimientos sancionadores. Un punto importante es que la nueva disposición afectará igualmente a las operaciones de importación y además que se aplicará también a las operaciones entre un proveedor nacional y operadores de otros países comunitarios, algo que está muy extendido sobre todo en los sectores de frutas y hortalizas.
Con el apoyo al sector agrario y alimentario objetivo, la nueva disposición refuerza la política sancionadora contra diferentes prácticas abusivas como la cancelación de un pedido con menos de 30 días de antelación, las devoluciones de compras no vendidas, cargar al vendedor el deterioro de los productos adquiridos el almacén del comprador, los aplazamiento de los pagos más allá de los plazos legales, la inclusión de cláusulas añadidas en la modificación de los contratos sin contar con la otra parte, las amenazas o represalias por denuncias o el pago de promociones y folletos de publicidad sin acuerdos previos.