CARTA DEL DIRECTOR

Pablo Serrano


El gran fracaso de nuestra democracia

22/11/2020

El gran fracaso de nuestra democracia no ha sido la construcción de redes clientelares o corruptas, ni los abusos de poder . El gran fiasco es la ausencia de un pacto educativo consistente, que demuestra el cortoplacismo con el que se ha actuado, olvidando una estrategia de futuro para construir un auténtico país. En cincuenta años, partiendo desde la Ley General de Educación aprobada en la recta final del franquismo, y vigente los primeros tiempos de democracia hasta 1980, se pueden contabilizar otras siete leyes más, tras la última que ha sido ratificada (por minúscula mayoría) esta pasada semana en el Congreso. Alguna, con cuatro años de vigencia.
La educación, –como cualquier otra gran disciplina universal–, es esencial en la construcción de los cimientos de un país, y cuánto más sólida, consensuada y duradera sea, más próspera y desarrollada será la nación. Esto no impide que se puedan aplicar matices, correcciones o enmiendas para mejorar, pero siempre desde una posición de consenso. Si hubieran sido capaces de pactar una ley educativa desde el principio, es probable que muchos de los problemas que ahora hay que afrontar se hubieran resuelto de manera mucho más sencilla, y algunos, no estarían en la agenda política.
La Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de 1980, con la Constitución recién nacida, y paradójicamente inconstitucional en muchos puntos, se vio obligada a una reformulación que truncó el golpe de Estado y la victoria del PSOE en 1982, impidiendo que entrara en vigor. Es en 1985, con la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) cuando paradójicamente se incorpora el sistema de colegios concertados. Hablo de paradoja, ya que esta ley se formula durante el gobierno socialista de Felipe González, y es el nuevo PSOE de Pedro Sánchez al que acusan de dinamitar la enseñanza concertada, en la que estudian un 25% de los alumnos españoles, y al margen de polémicas, tiene la necesidad de seguir existiendo en nuestro país, y apelando a la libertad de las personas no merece el vapuleo continuo al que está sometida.
La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en 1990, y también durante mandato socialista, implanta la obligatoriedad hasta los 16 años, y en la descentralización del país, las comunidades autónomas ganan peso, permitiéndoles redactar una parte importante de los contenidos educativos, consolidando diferencias entre regiones. Cinco años más tarde, se aprueba la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes (LOPEG), primera ley que es también conocida con el nombre del ministro que la impulsó (Ley Pertierra), lo que denota una falta de consenso y un abocamiento hacia su desaparición. 
Ya en el gobierno del Partido Popular, en la recta final de José María Aznar como presidente, se aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la educación (LOCE), que se promulgó en 2002, pero tras la llegada al gobierno de Rodríguez Zapatero en 2004, se paralizó por decreto. Llegados a este punto, la alternancia está consolidando una unilateralidad en el ámbito educativo que aleja el consenso tan necesario, hasta el punto de que la siguiente norma, la Ley Orgánica de Educación (LOE), con Rodríguez Zapatero asentado en el gobierno en 2006, no se escapa de una previsible polémica, servida especialmente en dos puntos clave que hace ya irreconciliables a los grandes partidos, en nuestro país: la decadencia de la cultura del esfuerzo, y el adoctrinamiento en la moral de los alumnos a través de la asignatura Educación para la Ciudadanía.
Con el PP de Mariano Rajoy en el Gobierno, en 2013 nace una nueva ley, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también reconocida como Ley Wert, hasta la presente la más polémica de todas, calificándose de sectaria y discriminatoria, y nacida con una gran oposición, tanta como la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), que también adquiere, como signo inequívoco de su fracaso, el apodo del ministro responsable, en este caso Ley Celaá. 
Ocho millones de alumnos están atrapados, como leía en un titular de prensa, en la falta de consenso político. Ocho millones de estudiantes que mañana serán nuestro futuro. Ocho millones de estudiantes sobre quienes recaerá la difícil tarea de recomponer un país desgajado en conflictos territoriales, heridas históricas abiertas, arrastrado por la crisis económica de 2008, destrozado tras la pandemia mundial del coronavirus, y con una de las tasas de desempleo juvenil más preocupantes de Europa, y en un mundo cada vez más voraz y competitivo. Los países que más se han desarrollado tras tiempos de crisis y conflictos bélicos son los que verdaderamente han invertido en educación y formación. Con una ley nacida en la polémica, mal vamos. Y otro día, si quieren entramos en las materias de conflicto.