No voy a escribir un artículo en contra de la revalorización de todas las pensiones con el brutal IPC de este año porque es un tema tabú. Si España fuera un país maduro para debatir serenamente sobre este asunto diría que es una locura que sueldos de 1.000 euros mantengan pensiones medias de 1.200 y máximas de 2.500. Pero no puedo tampoco decir que el riesgo de exclusión y pobreza entre los jóvenes duplica al de los mayores de 65, ni que el Gobierno podría disolverse para convertirse en una gestora que paga nóminas de funcionarios y pensiones, éstas 4 de cada 10 euros de gasto público. Es tabú decir que se trata a todos los jubilados como un bloque monolítico, como si todos cobraran lo mismo, o decir que es injusto que un pensionista de casi «medio kilo» tenga prestaciones en bono de transporte o medicinas de las que carece una familia mileurista con hijos e hipoteca.
Si quisiera complicarme la vida escribiría un artículo reclamando la participación de los pensionistas mejor pagados en el pacto de rentas que se pide a los jóvenes con carrera y máster pero que tienen un régimen vital cercano a la indigencia. Que los sacrificios cuando pintan bastos han de ir por el nivel de renta no por el estatus legal del individuo. Y que los mayores tendrían que solidarizarse con los jóvenes para garantizar que en su vejez puedan disfrutar de algo parecido a lo que ellos disfrutan.
Pero para qué meterme en líos reclamando más gasto en guarderías o en exenciones para favorecer la conciliación o para que los mejor formados encuentren sitio en España sin emigrar. Los partidos del gobierno ya han decidido que no renuncian a los votos de 9 millones de pensionistas aunque sea subiendo el 8 por ciento y el PP también ha puesto sus pantalones en el suelo. Por eso no me meteré en más líos. (Septiembre, récord gasto pensiones +6% más que el año anterior. ¿Argentina? No, España).