El 6 de enero de 2021 se produjo la toma del Capitolio de Estados Unidos por parte de centenares de civiles en un intento por impedir que Joe Biden asumiera la presidencia del país, tras haber sido elegido democráticamente. Los asaltantes ocuparon violentamente el edificio de la soberanía popular en el que se encontraban reunidos, en sesión conjunta, los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, es decir, el conjunto del poder legislativo.
El pasado 8 de enero miles de personas asaltaron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil para intentar evitar que Lula da Silva asumiera la presidencia del país, tras haber sido elegido democráticamente. En esta ocasión, la ocupación violenta, por parte de los asaltantes, fue de los tres poderes del estado.
En ambos casos, el objetivo era desestabilizar el orden constitucional y la democracia con el argumento de que los resultados electorales habían sido un fraude. El relato falso construido por Trump y Bolsonaro, respectivamente, propagado durante años, en un contexto de crisis económica y de crecimiento de la desigualdad social, ha ido ganando adeptos hasta el punto de polarizar, fragmentar y enfrentar a la mitad de la población contra la otra.
No es anecdótico ni casual. Asistimos, desde hace años, a una campaña internacional, perfectamente orquestada, de acoso y derribo contra las democracias liberales, con resultados diversos. En USA y Brasil son extremos y violentos, en otros lugares son entrando en los gobiernos y las instituciones, pero el objetivo es el mismo: desgastar a la democracia, como régimen político de convivencia, hasta su eliminación.
Los discursos antisistema contra las reglas y las instituciones democráticas son siempre los mismos: rechazo de los resultados electorales, deslegitimación de los gobiernos constituidos legalmente, y el insulto como argumento político.
España no es ajena a lo ocurrido en Brasil y USA en cuanto a relatos falsos que alimentan discursos de odio que pudieran llevar a enfrentamientos violentos. Desde que Pedro Sánchez asume la Presidencia del Gobierno en 2018 se han sucedido, permanentemente, los mensajes de rechazo. Comenzaron en febrero de 2019, con la foto de Colón, en la que PP, Ciudadanos y Vox, acusaron de traidor a quien había ganado una moción de censura constructiva a Mariano Rajoy (PP).
Continuaron, tras las elecciones generales de 2019 y la formación de un gobierno de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos, con relatos falsos y descalificaciones. Desde gobierno ilegal, ilegítimo o traidor, hasta insultos tan ridículos como bolivarianos, comunistas, filoetarras o golpistas. Al igual que Trump y Bolsonaro, las derechas españolas no aceptan los resultados electorales y sus consecuencias democráticas de formación de gobiernos.
No es apocalíptico pensar que en España pueda ocurrir lo mismo que en Estados Unidos o Brasil, puesto que los discursos antisistema son los mismos y sus impulsores tienen la misma intención de desgastar la democracia por cualquier vía. Pero hay algo más preocupante: la normalización de los antisistema y sus objetivos de desprestigio de la política y de las instituciones democráticas. 
Es la que se produce con la presencia de la extrema derecha en posiciones de gobierno. Ocurre en Castilla y León donde el PP, tras su error estratégico de convocar elecciones autonómicas adelantadas en 2022, ha optado por tragarse a Vox junto a sus chantajes, sus insultos a la oposición en sede parlamentaria, o su particular cruzada de odio contra las mujeres y las medidas antiaborto que, a día de hoy, aún desconocemos si es un acuerdo de gobierno o una estrategia para forzar nuevas elecciones autonómicas el 28 de mayo. 
El PP, al servicio de la bestia parda, está dejando hacer lo que no se atrevería solo: fomentar el odio contra las mujeres y sus derechos reproductivos, desmantelar el diálogo social, negar la memoria democrática, o paralizar los presupuestos de Castilla y León.
La democracia está en peligro, tanto por los asaltos violentos a los edificios de los poderes del estado de derecho y de la soberanía popular, como por permitir a la extrema derecha que secuestre a gobiernos y ensucie las instituciones.