Las declaraciones de los líderes políticos acerca de la necesidad de desjudicializar la política chocan cada día con la diligencia con la que actúan para llevar a los tribunales todo aquello que no se adecua a sus propósitos. Así, los tribunales, que bastante saturados se encuentran ya con los sumarios habituales, se llenan de querellas y denuncias que ponen en marcha la maquinaria de la justicia para luego acabar en nada. Y lo que es peor, ellos lo saben. Pero no dejan pasar la oportunidad de montar bronca, copar titulares, mostrarse indignados, atacar al adversario. Es la política con minúsculas que se ven obligados a realizar como respuesta a la presión social de amigos o enemigos y en la que se entretienen quienes son incapaces de llegar a acuerdos y dedicarse de verdad a las cosas de comer.  En este juego son más activos los que menos tienen que perder, asociaciones, sindicatos, o partidos que cuanto más pequeños o radicalizados más activos se muestran ante los tribunales.  

Y así, en los últimos tiempos se multiplican las acciones judiciales que acaban en nada, y ejemplos hay de todos los colores. A veces no hace falta ser muy docto en asuntos judiciales, de los que se hace un máster todos los días dada la profusión de asuntos que suena a ya vistos, para intuir qué denuncias acabarán en el cesto de los papeles. A buen seguro es lo que ocurrirá con la presentada por la Confederación Española de Policía contra el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a cuenta de un tuit en el que mostraba apoyo a los manifestantes que protestaban por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. En este caso es tan evidente que el tuit no sirvió para incitar a la violencia de lo que se le acusa –cuestión de mirar el reloj- que no tendrá ningún recorrido judicial.  

Otro tanto le ha pasado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que diligentemente interpuso querella contra los autores de los whatsapp de los militares retirados que proponían dar un golpe de Estado contra el gobierno socialcomunista y fusilar a 26 millones de personas. La querella ha sido archivada. A Robles no le quedó más remedio que hacer el gesto de dirigirse a la fiscalía para que estudiara el asunto. Si no lo hubiera hecho quizá desde algún sector se le habría acusado de no actuar con la debida firmeza, pero el resultado de su iniciativa ahí está, archivo de las diligencias por tratarse de un chat privado, eso sí de nostálgicos de otra era que han tenido en sus manos las armas que les ha depositado la ciudadanía, no para que las vuelvan contra ella, ni tan siquiera de pensamiento.  

Camino del archivo va el ‘caso Dina’, sobre la tarjeta de memoria del teléfono de la asesora de Pablo Iglesias, que ha dicho que no se siente perjudicada por las actuaciones del líder del partido y por tanto no hay caso, de la misma forma que se archivó un asunto colindante, el del fiscal Stampa y sus presuntas filtraciones a la misma persona. También se están archivando todas –alguna sobrevive- las querellas contra los políticos y directores de residencias de ancianos, por la gestión de la pandemia, porque la torpeza no es penalmente perseguible. Pero mientras se archivan esas denuncias sin destino, se produce ruido, “tanto, tanto ruido”, que canta Sabina.