La convalidación de la segunda fase de la reforma de las pensiones, aprobada ayer con el respaldo al Gobierno de los socios de investidura, la abstención de Vox y la única oposición de PP y Ciudadanos, supone un parche que puede tener los meses contados, ya que los populares han anunciado que si gobiernan derogarán el plan. Aunque existe el compromiso para tramitarlo ahora como proyecto de ley, no tendrá apenas efecto porque la reforma está condicionada a la entrega de fondos europeos, por lo que la Comisión Europea no permitirá, previsiblemente, modificar el fondo del texto.
El ministro Escrivá se ha mostrado orgulloso y satisfecho de esta reforma, que, según él, «cumple con el mandato del Pacto de Toledo y con los hitos comprometidos con la Comisión Europea», porque garantiza la suficiencia de las pensiones. Y ahí está la piedra clave. Varios organismos públicos como la Airef o el Banco de España, y otros privados como Fedea o Funcas, además de colegios profesionales, alertan de que los niveles recaudatorios previstos por el Ejecutivo con estas nuevas medidas serán manifiestamente insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Más allá del debate político, marcado por la cercanía de unas elecciones municipales y autonómicas y con la vista puesta en las generales de finales de año, el asunto tiene el calado y la trascendencia generacional suficiente como para ser objeto de un pacto de Estado, y eso solo es posible si lo firman PSOE y PP, y viceversa. Con los ingresos previstos, que además corren por cuenta de los empresarios, autónomos y trabajadores, no será posible cubrir el gasto cada vez mayor de las pagas. En algún momento habrá que plantearse tocar los gastos, pero eso no toca porque hay urnas.
El hecho de que se haya puesto el foco en el incremento de las cotizaciones sociales para aumentar los futuros ingresos del sistema ha sido el motivo por el cual los empresarios no han respaldado la reforma y sí lo han hecho los sindicatos. Tampoco el ministro Escrivá ha conseguido una amplia mayoría política, que se ha quedado en los socios que llevan sosteniendo al Gobierno toda la legislatura. La falta de consenso social y político denota una carencia que deja sin garantías un sistema que lleva décadas dando tumbos sin conseguir una estabilidad que permita caminar con firmeza hacia un futuro sostenible.
Al final, la reforma aprobada ayer en el Congreso es una patada hacia adelante del problema, una propuesta que aplaza y pospone el debate de las pensiones, a la espera de que llegue el momento del interés general y, entonces sí, se persiga un consenso que tranquilice a los actuales pensionistas y a las generaciones que llegarán a la edad de jubilación en las próximas décadas.