El Gobierno está decidido a subir los impuestos a partir de 2022. La ministra de Hacienda ha dado una pincelada de lo que puede ser la reforma para el próximo año para poner la presión fiscal «a la altura», según sus propias palabras, de la media de la Unión Europea, en un intento, claro está, de obtener más recaudación tras la merma de ingresos originada por la crisis sanitaria.
Se cuidará mucho el Ejecutivo en no dar grandes pistas antes de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, pues iría en dirección totalmente opuesta a lo que el candidato socialista defiende en su campaña. Gabilondo promete no subir los impuestos en los próximos dos años. Sin embargo, Bruselas apremia, entre otras urgencias, a Moncloa para que presente sus planes para asegurarse la recepción de los tan ansiados fondos de recuperación. Y evidentemente, Europa no da nada gratis.
La reforma y la adecuación de la financiación de las autonomías, que también aspiran a recaudar más, viene de lejos. Es tan complejo y a la vez tan impopular que el Gobierno crea ad hoc un comité de expertos -Rajoy ya lo convocó para el mismo fin- para abordar una medida que llega en el peor de los momentos.
Inoportuno, porque España anda estancada en una crisis sin parangón, con un mercado laboral extenuado por la incertidumbre económica y con miles de empresas arrastradas por las deudas, los ERTE y la desconfianza. Aunque el Producto Interior Bruto de 2021 cierre con una subida importante, siempre sería aconsejable esperar a que la economía coja algo de impulso para abordar ‘hachazos’ impositivos que prolongarían aún más la salida del túnel. Tampoco son halagüeñas las perspectivas de empleo para tensionar más los bolsillos de los ciudadanos a través de figuras patrimoniales o infringir a las empresas, a través del IRPF, más subidas en un momento como el actual.
Quizá sea el momento de crear una figura o un comité asesor que no solo mire cómo rascar más en las rentas de los ciudadanos, sino en cómo reducir el ingente gasto público, sobre todo, aquel que tiene que ver con las empresas públicas deficientes, inoperativas; o en aquellas políticas superfluas condicionadas a los argumentarios y herencias de los partidos con el objetivo de hacer una economía más saneada y transparente. España es también de los países de la Eurozona que gasta por debajo de la media y se quiere convencer de que incrementando los impuestos se tendrán unas prestaciones parecidas a las de los países europeos. Pero por más que se repita que la reforma fiscal va dirigida a las rentas más altas, al final, siempre acaban pagando los mismos.