Lo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no solo es bochornoso, sino que huele a podrido. Y es fruto de que en España hay poca democracia y mucha partitocracia (democracia de los partidos). Quizá lo expliquemos más adelante. 
La Constitución española en el apartado 3 del artículo 122 establece que el CGPJ se compone de veinte miembros. Ocho de ellos deben ser abogados u otros juristas de reconocida competencia, elegidos cuatro de ellos por el Congreso y cuatro por el Senado por mayoría de tres quintos. Los doce restantes serán seleccionados entre magistrados y jueces de todas las categorías judiciales y por el procedimiento que establezca una ley orgánica. Se desprende de ello que el legislador constitucional no pensaba que los doce restantes los siguiesen eligiendo los políticos, Congreso y Senado, si no así lo habría estipulado. Tanto es así, que en 1980 con un gobierno de UCD se aprueba la primera ley orgánica y en ella se estipula que estos doce consejeros serán elegidos por todos los jueces y magistrados en servicio activo mediante voto personal, igual, directo y secreto. Pero este alarde de democracia duró poco y vino el asalto de los políticos a la justicia. Pues en 1985, con un gobierno del PSOE, se elaboró una nueva ley que cambió la elección de estos doce pasando a ser como los ocho elegidos por las cámaras. Ello supuso un verdadero atentado a la separación de poderes, que establece que el poder legislativo, ejecutivo y judicial han de ser ejercidos por órganos de gobiernos distintos, autónomos e independientes entre sí. La única decencia que se permitieron los políticos fue que dicha elección fuese por mayoría de  tres quintos de las cámaras. Para evitar toda posible politización del órgano al ser elegidos como una persona de consenso, con neutralidad e independencia, y sin asignación política alguna. Pero la realidad ha sido la contraria y los partidos han terminado repartiéndose los puestos en función de sus afinidades políticas y han acabado siendo los más politizados. Tanto es así que se habla de consejeros conservadores y progresistas. 
Pero como los políticos, y en especial el Gobierno actual, no tienen límites ni rayas rojas han seguido en su voraz asalto al poder judicial. Y como una parte del gobierno, los de Podemos, no logran hacerse con un puesto, han legislado para privar de sus funciones al CGPJ, cuando éste está en funciones por llevar cuatro años caducado. El Colmo. Llama la atención que el Gobierno, sus socios de gobierno, los partidos que los sustentan, y las formaciones secesionistas que se levantaron contra la Constitución y que constantemente gritan que lo volverán a hacer, acusen a la oposición (PP) de incumplir la Constitución. En todo caso incumplen la Ley de 1985.
Lo verdaderamente inconstitucional es la distribución de los puestos a cubrir entre los partidos políticos. O sea, el reparto de cromos. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están en manos de las cámaras (Congreso y Senado). Los políticos aquí puestos no están elegidos por los ciudadanos de manera directa y nominal (democracia), sino por los órganos de mando de los partidos políticos. Este mando lo acaban siendo elegido por el líder supremo (léase los Sánchez, los Casados, los Iglesias) de los partidos. Lo que tenemos es poca democracia y mucha partitocracia.