Como por experiencia propia bien saben más/menos veinte millones de ciudadanos, en la primera página de los impresos para la Declaración sobre la renta de las personas físicas (IRPF), donde se consignan los datos personales, figuran dos casillas que el contribuyente puede o no marcar según su voluntad. Se trata de las célebres dos equis. Una es la conocida como la casilla de la Iglesia católica y otra, la referente a  actividades de interés social.
Pues bien: en la campaña del año pasado el 54 por ciento de los declarantes (11 millones y medio,  en números redondos) marcaron la segunda de ellas o casilla solidaria. Hubo, por tanto, un 46 por ciento (otros 10 millones de personas) que no lo hicieron, bien porque cumplimentaron sólo la referida  a la Iglesia  o bien (nada menos que un 35 por ciento) porque no marcaron ninguna.  
Por lo que estima Cáritas, existen dos perfiles básicos que no señalan ninguna de las dos casillas. Por un lado, está el público joven que  presenta su primera o primeras declaraciones. Y por otro, un grupo importante de contribuyentes que hacen lo propio o que sólo se decantan por una alternativa, al entender que se restan entre una y otra  o por recelos a que de otra manera se llegue a pagar más.
Pero no es así. Señalar  conjuntamente ambos destinos (Iglesia y fines sociales) no supone pagar más, ni que, si procede, te devuelvan menos. Y no hacerlo implica que un parte importante de la recaudación del impuesto en cuestión –campaña en la que hasta finales de junio estamos– pase directamente a las arcas del Estado en lugar de destinarse a finales sociales y/o al mantenimiento de la Iglesia según voluntad del declarante. 
De hecho, se ha recordado estos días que, por ejemplo,  si todos los contribuyentes marcaran la casilla de «otros fines sociales» las organizaciones del llamado tercer sector podrían haber recibido este año cerca de 631 millones de euros en lugar de los 386 que según balance de los datos provisionales facilitados por Hacienda obtuvieron; esto es, un 39 por ciento más, que muy bien hubiera servido para incrementar  proyectos sociales y, en consecuencia, las ayudas. 
El reciente informe FOESSA ha mostrado al respecto los efectos demoledores de la crisis derivada tras dos años de pandemia; una crisis que acentúa  significativamente la que tuvo lugar  entre 2009 y 2013. En muy poco tiempo se ha incrementado en dos millones el número de personas que sufren exclusión social. 
Hoy día once millones de personas padecen en nuestro país pobreza y de ellas, seis millones pobreza severa. Y casi tres millones de jóvenes de entre 16 y 34 años sufren problemas de trabajo y de vivienda. Además, el informe subraya algo muy grave: que la pandemia ha acelerado el aislamiento y el deterioro de las relaciones sociales.
El Gobierno ha intentado responder al problema con el Ingreso mínimo vital; un recurso que ha gozado de amplio consenso, pero cuya cobertura está resultando insuficiente, no alcanza a varios colectivos vulnerables y plantea condiciones de acceso de difícil cumplimiento para algunas de las familias y personas que más lo necesitan.
Así las cosas, se está insistiendo mucho este año en la campaña «No cuesta nada ayudar X dos», en la que se invita a la sociedad a marcar las dos alternativas tributarias. En realidad es una de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos.
Señalando una y otra se podrían apoyar cientos de proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión y, al tiempo, hacer lo propio tanto con la labor pastoral y litúrgica que la Iglesia lleva a cabo en nuestro país, como con la inmensa labor asistencial que ésta desarrolla.