El Gobierno de Castilla y León reclama al Ejecutivo central un fondo que sirva para financiar el impacto que tendrá la ayuda a las personas desplazadas de Ucrania en los servicios públicos autonómicos. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, recordó que dicha petición ya se planteó en la Conferencia de Presidentes del pasado fin de semana en La Palma, y afirmó que la mayor parte de los servicios que se presten a los refugiados van a recaer en las comunidades autónomas, tanto de acogida como residencial, en los servicios sociales, el sistema de salud, la educación y el empleo. «Todo esto tendrá un coste, que aún no se ha cuantificado, y el Gobierno central debe pensar en constituir un mecanismo de financiación para la prestación de estos servicios», añadió.

La Junta de Castilla y León hizo público ayer el protocolo para la activación y atención de las personas de origen ucraniano desplazadas en aspectos donde la administración autonómica tiene competencias como servicios sociales, sanidad, educación y empleo. Por ejemplo, se hace mención a los menores no acompañados, las personas con discapacidad y mayores dependientes, acogimiento familiar, en el ámbito de los servicios sociales. En lo sanitario, se habla del acceso a la atención sanitaria, tanto en Atención Primaria como Especializada, los servicios de Emergencias, la prestación farmacéutica y ortoprotésica y los servicios de interpretación telefónica, como recoge la Agencia Ical.

En el ámbito de la educación, el protocolo recién aprobado detalla como será la atención de los niños ucranianos en todas las etapas educativas no universitarias desde su admisión, la recepción de estudiantes universitarios y los cursos específicos de español para personas adultas. En cuanto al empleo, se menciona el servicio de orientación profesional, la formación y cualificación para el empleo, el asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento y las acciones dirigidas a la integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante.

Número de plazas

Fernández Carriedo también avanzó que la Comunidad ha aumentado el número de plazas públicas, entre las disponibles por la Junta y las entidades locales, hasta 2.626 para la acogida de las personas procedentes de Ucrania. Son 133 más que las anunciadas la semana pasada. Además, se mantienen las 70 plazas de carácter privado, que corresponden a las ONG y asociaciones. En total, son casi 2.700.

En concreto, la oferta pública de la Comunidad se distribuye entre las 244 plazas de Ávila, las 408 de Burgos, las 441 de León, las 416 de Palencia, las 277 de Salamanca, las 315 de Segovia, las 209 de Soria, las 307 de Valladolid y las nueve de Zamora.

El portavoz regional informó tras el Consejo de Gobierno que, por la vía formal, ya han llegado 85 ucranianos a Castilla y León. De momento, un total de 43 personas que han salido de ese país de Europa del Este, tras la invasión rusa, ha solicitado la tarjeta sanitaria de desplazados en los últimos días.

Por último, señaló que el consejero en funciones de Presidencia, Ángel Ibáñez, participó durante la jornada de ayer en una reunión de trabajo con todas las comunidades y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para abordar asuntos de coordinación relacionados con la crisis humanitaria en Ucrania y la acogida de refugiados.