El Procurador del Común, Tomás Quintana, defendió hoy "la objetividad e independencia" de la institución para "tutelar" los derechos de los ciudadanos de Castilla y León en sus relaciones con las administraciones públicas y subrayó que el trabajo vuelve a la normalidad, aunque la crisis sanitaria no se ha superado en su totalidad.

Tomás Quintana presentó en el pleno monográfico de las Cortes de Castilla y León el informe de actividad de 2021, con menos quejas que en 2020, que inició con un mensaje de "consternación y solidaridad" con el pueblo de Ucrania, "que sufre a causa de los horrores provocados" por la invasión de Rusia.

En un exhaustivo repaso de las 2.030 quejas y 44 actuaciones de oficio, el defensor de los ciudadanos castellanos y leoneses trazó la situación de la Comunidad en materia de servicios públicos, con una especial incidencia en la necesidad de mejoras en el ámbito de la sanidad, en concreto de la rural, y de las listas de espera, así como de las comunicaciones tanto viarias como de implantación de internet en el territorio.

El Procurador lamentó que por segundo año consecutivo tenga que hablar de la pandemia, si bien reconoció el efecto de la vacunación y subrayó como en 2021 un 10 por ciento de las quejas y un 18 por ciento de las actuaciones de oficio estuvieron vinculadas a la pandemia, cuando en 2020 ascendieron al 28 y 43 por ciento, respectivamente.

En 2021, la institución, derivadas de expedientes de queja y de actuaciones de oficio, formuló un total de 1.235 resoluciones, de las que en 263 se motivó el archivo de los correspondientes expedientes por ausencia de irregularidad en la actuación administrativa, y en 972 resoluciones se realizaron recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias a las Administraciones afectadas.

Según detalló, hasta el 28 de febrero de 2022 se había recibido contestación a 738 resoluciones, el 75,93 por ciento de las 972 emitidas, de las que 636 fueron aceptadas (el 86,18 por ciento), 523 de ellas en su totalidad (el 70,87 por ciento) y 113 parcialmente (el 15,31 por ciento), pero no fueron aceptadas 102 resoluciones (el 13,82 por ciento de las emitidas).

En 59 supuestos, a esa misma fecha, aún no habían recibido contestación, si bien la Administración o entidad pública destinataria se encontraba aún en plazo para hacer llegar su respuesta. Además, lamentó el archivo de cuatro expedientes sin conocer la postura de la Administración ante su resolución.

Sanidad

En el ámbito de la sanidad, expresó la "preocupación" de la institución por la prestación de la Atención Primaria en el medio rural, donde recordó su población, de "avanzada edad", afectada de "pluripatologías" y con dificultades para realizar desplazamientos, tiene que ser "debidamente informada" cuando se producen incidencias que afectan a la prestación de la asistencia sanitaria.

También, señaló resoluciones en las que se insta a la Consejería de Sanidad a realizar un estudio exhaustivo de las necesidades en la atención pediátrica de cada provincia, tanto en el ámbito rural como urbano, y destacó propuestas que antes no habían llegado a la institución como el tratamiento de enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, aceptada de manera parcial.

La situación del Servicio de Oncología de El Bierzo, por la falta de profesionales de esta especialidad, motivó la petición a Sanidad de realizar un análisis a fondo sobre este servicio con objeto de buscar fórmulas organizativas duraderas que permitan la prestación de un servicio estable y de calidad, detalló Quintana.

Entre las resoluciones aceptadas, enumeró las dirigidas a la Consejería de la Presidencia para realizar algunos cambios en la norma de selección del personal funcionario interino y del personal laboral y para motivar los nombramientos por libre designación. Sin embargo, lamentó que Familia no recogiera la propuesta de extender las medidas de la crisis sanitaria al personal que presta servicios en los centros dependientes de la Gerencia.

Igualmente, lamentó que no se aceptara la recomendación a la Consejería de Educación en relación con el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, en la que se proponía que se reconsiderara la desestimación que había efectuado de una solicitud de reducción de jornada del 99 por ciento, que la institución apoyó en una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2020.

El Procurador incidió en una queja múltiple, presentada por 889 ciudadanos para denunciar deficiencias en la comunicación en la localidad de Litos en Tábara (Zamora) para desplazarse hasta el centro de salud en la que se pidió a Fomento que estableciera o reorganizara el transporte a la demanda, lo que fue aceptado.