A las administraciones públicas les persigue la negra sombra, y por desgracia muy fácil de demostrar, de la lentitud en sus gestiones, del excesivo tiempo que transcurre desde que se anuncian unas medidas o ayudas económicas hasta que estas llegan a quienes las precisan para levantarse y seguir adelante después de una tragedia más o menos natural. Léase desbordantes inundaciones, inesperada erupción de un volcán o incontrolables incendios forestales que se llevan por delante también casas, granjas y empresas. Este año, además, estas llamas han causado tres muertes.
Las buenas y rápidas palabras de los políticos y de los gestores alivian las heridas en un primer momento, pero el transcurrir del tiempo sin que se conviertan en hechos intensifica el dolor de los damnificados y ahonda en el desapego hacia las instituciones y los partidos políticos. Por ello, ahora que todavía humean las ascuas por media España, se ha de ser especialmente diligente para estar al lado de los que han tenido grandes pérdidas, pero no para la foto y la palmadita en la espalda, sino con aportes económicos que les permitan recuperar cierta normalidad. Y aquí hace falta profesionalidad, empatía y cooperación entre todas las instancias de poder implicadas, al margen de siglas y de disputas por otras cuestiones.
El Consejo de Ministros aprobó ayer, como estaba previsto, declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil territorios de todas las comunidades, a excepción de Cantabria y Asturias y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como consecuencia de los 120 incendios forestales que han sufrido desde el pasado 12 de junio, que han calcinado 200.000 hectáreas (en 2021 fueron 50.000) y han obligado a evacuar a 27.500 personas. Este acuerdo incluye, según el Gobierno central, ayudas directas cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, así como otras medidas ordenadas por otros ministerios, entre las que figuran beneficios fiscales, iniciativas laborales y de Seguridad Social y fondos dirigidos a corporaciones locales para reparar instalaciones y equipamientos municipales.
Uno de los principios que sustentan la organización de un país serio y desarrollado es la solidaridad, y esta tiene su sentido máximo si llega cuando más se necesita, a primera hora y con generosidad, sin que se retrase meses o años en laberintos administrativos ni desencuentros políticos interesados.
Hay que apagar todas las llamas, seguir muy vigilantes para que no vuelvan a arrasar España, sentarse a debatir estrategias conjuntas a medio y largo plazo para luchar contra este grave problema y atender con prontitud a las víctimas de los incendios.