El IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2022-2025, elaborado por la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, prevé destinar un 70 por ciento de los recursos de la Junta a la cooperación humanitaria a ayudas no reembolsables y, en su destino, prioriza de nuevo África Subsahariana y América Central y Caribe, mientras que recoge como uno de los retos la sostenibilidad medioambiental.

El nuevo plan, que se encuentra en el Portal del Gobierno Abierto para la presentación de aportaciones, nace de la pregunta sobre qué podemos aportar desde Castilla y León en el contexto internacional postpandemia para luchar contra la pobreza y promover los derechos humanos en el mundo.

"Debemos colaborar desde lo que sabemos hacer, desde la experiencia acumulada de gestión de servicios a los ciudadanos, eficaces y eficientes, pero también, desde el aprendizaje que nos da el análisis crítico de nuestros procesos y nuestros desaciertos", es la respuesta que da los redactores del plan, que consultó la Agencia Ical.

Se recoge en el texto que la ayuda a terceros países es percibida por una parte de "la ciudadanía como un lujo que no podemos permitirnos en tiempos de crisis", aunque sostiene que en el mundo interconectado en el que vivimos, "este tipo de planteamientos no tienen cabida".

Los países prioritarios de este plan serán Burkina Faso, Guinea Bissau, Malí, Mozambique, Senegal y Tanzania, en el África Subsahariana; El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, en América Central y Caribe. En cuanto a las líneas: derecho humano a la alimentación, al agua potable y saneamiento, a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada y digna.

Así, la asignación de recursos parte de un mínimo del 70 por ciento a acciones no reembolsables, un 5 por ciento a la cooperación técnica al desarrollo, un mínimo del 7 por ciento a la educación transformadora y para la ciudadanía global, el mismo porcentaje a la acción humanitaria y no superar el 5 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo de los costes administrativos para la gestión de la ayuda al desarrollo.

Según se refleja en el texto, la crisis de la COVID-19 está teniendo, y va a tener en el futuro, un impacto de enorme magnitud en los países y comunidades más vulnerables, muy especialmente en África, pero también en América Latina, donde existen ya "significativos frenos" a los progresos sociales en la reducción de la pobreza y el hambre de las últimas décadas.

Balance

En el balance del plan anterior, que cuantifica más de 12 millones, se califica de "decepcionante" la aplicación del enfoque de sostenibilidad medioambiental, con las medidas de biodiversidad, la mitigación al cambio climático, la adaptación al cambio climático y la lucha contra la desertificación. "Constituye a todos los efectos un reto del IV Plan que deberá abordarse durante los próximos cuatro años", se precisa.

África Subsahariana ha canalizado en los últimos planes los mayores recursos de la ayuda de la Junta a la acción humanitaria (5,6 millones), con el 47,60 por ciento de los recursos destinados, mientras que Senegal y Tanzania han movilizado en el periodo 2017-2020 el 33,05 y 26,59 por ciento, respectivamente. También, Burkina Faso y Mozambique han multiplicado por 21 y por 4 el volumen recibido en este periodo, hasta el 17,23 y 16,21 por ciento de las ayudas. Sin embargo, Kenia ha pasado de ser un país de referencia en la cooperación castellano y leonesa a contar con una única intervención entre 2017-2020, vigencia del tercer plan.

En el caso de América central (2,3 millones), Guatemala y Salvador, éste último sin ser prioritario, han mantenido un volumen global de financiación en relación con el plan anterior. Por su parte, Nicaragua ha duplicado el volumen canalizado par alcanzar el 34 por ciento de las ayudas a esta zona. Bolivia ha triplicado la ayuda, hasta el 59,67 por ciento de la ayuda a América del Sur (3,9 millones). También, Perú ha recibido un apoyo importante de la cooperación de Castilla y León. Las actuaciones en Asia han contado con 417.925 euros.

A nivel sectorial, el derecho humano al acceso al agua potable y saneamiento ha absorbido el 30,66 por ciento de la ayuda exterior de la Junta, el derecho a la alimentación adecuada el 27,67 por ciento y el derecho humano a la educación el 27,09 por ciento, mientras que el derecho humano a la salud solo ha canalizado el 9,83 por ciento en ese periodo, aunque en 2020 casi todos los proyectos han incluido módulos sanitarios.

Aunque la Junta ve difícil realizar un análisis global del impacto de las ayudas, destaca que 17.550 titulares de derechos, de ellos 9.398 mujeres, han visto garantizada una alimentación suficiente; 41.554 han mejorado su acceso a aguda potable; 27.062 acceden a una fuente de agua a menos de 1.000 metros y menos de 30 minutos de distancia y 8.413 culminaron la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita.

Finalmente, se recoge la implementación del plan último en 18 acciones humanitarias, con un volumen económico de 715.000 euros y 21.126 beneficiados por ellas.