La crisis de precios que agita al mercado energético sigue cobrándose 'víctimas' y constriñendo las cuentas de particulares, empresas y administraciones públicas. La última muestra la dio ayer la Junta de Castilla y León, que reconoció que se ha visto obligada a duplicar la partida que destina anualmente para hacer frente a los gastos de luz y gas de los colegios e institutos públicos que tiene repartidos por la Comunidad. En concreto, el encarecimiento al que ha tenido que hacer frente la Consejería de Educación es del 135%. Traducido a los números, si para todo 2022 el departamento que comanda Rocío Lucas presupuestó algo menos de ocho millones de euros para abonar las facturas de luz y gas de los centros educativos, para el próximo 2023 se han habilitado 18,38 millones de euros, 10,5 más que durante este ejercicio –cuatro millones más en luz y 6,5 en gas–.

Una realidad que ayer puso sobre la mesa el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que esta semana de adelantó del jueves al miércoles al ser hoy festivo en Valladolid ciudad. El también consejero de Economía y Hacienda enmarcó este notable incremento en el contexto actual, «con el creciente y continuo encarecimiento de los precios del gas natural, y que ha obligado a la Junta a incrementar la licitación de estos contratos en 10.583.758 euros respecto a 2022».

Ambos contratos, el de energía eléctrica y el de gas, serán adjudicados con un plazo de ejecución de un año a partir del 1 de enero de 2023, para lo que la Administración autonómica prevé sus adjudicaciones en octubre. El contrato para el suministro de energía eléctrica para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 9,1 millones de euros tiene el objetivo de garantizar su funcionamiento, con la previsión de consumo de electricidad por los centros docentes públicos, de acuerdo con los datos que facilita el Ente Regional de la Energía (EREN), aumentará en dicho ejercicio.

En este contexto, el presupuesto de licitación supone un incremento de cuatro millones de euros respecto al de 2022, debido al «creciente y continuo encarecimiento de los precios de la energía eléctrica que se está produciendo en los mercados». Por ello, el portavoz avanzó que la Junta solicitará ofertas a las empresas adjudicatarias del Acuerdo marco para la homologación del suministro de energía eléctrica.

Por otro lado, también se ha iniciado la tramitación del expediente de contratación del suministro de gas natural para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 9,2 millones, y que refleja un encarecimiento todavía superior al de la luz, y que escala hasta los 6,5 millones. El plazo de ejecución de ambos contratos será de un año y comprenderá desde el 1 de enero de 2023, o desde el día siguiente de la formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de ese año. Su adjudicación se prevé para octubre de este año y no serán prorrogables.