Los millonarios fondos que la Unión Europea ha destinado a la recuperación económica exigen un contrato de vigilancia en el cumplimiento de las inversiones y las reformas prometidas. Es un documento imprescindible, dada la facilidad con la que las distintas administraciones de nuestro país "extravían" o conceden contratos a afines con dinero público.
Los archivos del general Manglano, que brillantemente está desgranando el periodista Juan Fernández Miranda en el diario ABC, son un claro ejemplo de la cantidad de dinero que llegó a España en la transición y que acabó en manos de los partidos políticos o en bolsillos particulares; porque ya se sabe que: "El que parte y reparte..."
Ese control, que recibe el poco pomposo nombre de "Acuerdo de Funcionamiento", concreta los detalles y los plazos que se van a revisar y obligará a las administraciones, central y autonómicas, a un esfuerzo suplementario de gestión.
Solo por las quejas de determinados gobiernos autonómicos, ante la dificultad de justificar tanto gasto e inversión, salta la duda de cómo se han controlado hasta ahora las partidas que el Estado transfiere para pagar, por ejemplo, Sanidad o Educación.
Con los objetivos marcados por el acuerdo con el Consejo de Europa tampoco caben veleidades como apoyar a una empresa determinada cuyo presidente es, casualmente, hermano de un alto cargo.
No solo eso, sino que el Gobierno PSOE/Podemos tendrá que someterse a una evaluación semestral del avance de las reformas y el destino de las inversiones. Es como el regreso de los "hombres de negro", que Europa envió para vigilar el déficit; solo que ahora el incumplimiento de los objetivos comprometidos pondrá en peligro la recepción de la siguiente partida de ayudas.
Son ocho pagos de miles de millones cada seis meses que la Comisión podrá retener si considera que se ha invertido fuera de plazo o en el sitio equivocado. Aunque todavía quedan detalles por perfilar, esta misma semana, una delegación europea encargada del seguimiento de la ejecución de los fondos ha venido a Madrid. Esto va en serio, por lo que Hacienda y las consejerías autonómicas harían mal en minusvalorar la estricta lupa que van a tener sobre su gestión.
Si Polonia corre el riesgo de quedarse sin un duro de Bruselas por su negativa a cumplir las reformas democráticas en aspectos fundamentales de su legislación, nuestro país puede ver suspendida la llegada del "maná" si, con la desidia habitual de las administraciones públicas, no cumple con los acuerdos firmados con la UE.
Estas ayudas extraordinarias que, de aplicarse bien, pueden suponer un importante impulso a la modernización y digitalización de la economía, no son un subsidio a fondo perdido ni una limosna. Son una apuesta decidida de Bruselas por aprovechar la horrible crisis de la pandemia para competir en una economía global donde Asía, y más en concreto China, está ganando claramente la partida.