El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abrió hace unos días el plazo para solicitar las dos líneas de subvenciones enmarcadas en el convenio suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) para facilitar el acceso a la financiación de las explotaciones del sector agrario, pymes agroalimentarias y operadores del sector pesquero y acuícola con el fin de paliar el incremento de los costes de producción derivado de la actual situación económica internacional. Este convenio contempla dos líneas de actuación, financiadas íntegramente por el Ministerio: la línea ICO-MAPA-SAECA y la línea de avales MAPA-SAECA. En total, Agricultura aportará 12,7 millones de euros para dotar de liquidez a las explotaciones y a las pymes del sector agroalimentario y pesquero a través de su acceso al crédito.
Con un presupuesto de 10 millones de euros, la línea ICO-MAPA-SAECA está destinada a explotaciones agrarias y operadores del sector de la pesca y la acuicultura, con el fin de bonificar el 10% del principal de préstamos suscritos en la línea ICO-GARTANTIA SGR/SAECA 2022, con una cuantía máxima de 10.000 € por beneficiario en el caso de las explotaciones ganaderas y los operadores económicos del sector de la pesca y la acuicultura; y de un 7% en el caso de explotaciones agrícolas. El plazo de presentación de solicitudes de esta línea de ayudas finaliza el 1 de diciembre.
La línea MAPA-SAECA, dotada con 2.734.380 €, está destinada a subvencionar el coste del aval por un importe máximo de hasta 75.000 euros por titular de explotación, operador económico, armador o propietario, o por componente de entidad asociativa, cuyo plazo no supere los seis años; pudiéndose incluir en este tiempo un año de carencia. En este caso, el plazo para solicitarlo termina el 20 de septiembre. Ambas líneas de financiación son compatibles entre sí.
Por otra parte, el ministro Luis Planas ha declarado que para este Gobierno el sector agroalimentario tiene un carácter estratégico y por ello ha incrementado el presupuesto del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario en 800 millones de euros adicionales a los 1.000 millones con los que contaba inicialmente. La transformación y modernización de la industria agroalimentaria y la mejora de la gestión del agua, a través de la apuesta por el regadío sostenible, cada vez más eficiente, son los ejes de esta herramienta, que contribuirán al fortalecimiento del sector con una clara apuesta por la digitalización y la investigación, según aseguran desde Agricultura. La financiación de la PAC, junto con los fondos procedentes del Plan de Recuperación, del PERTE y del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA) suman 55.000 millones de euros con los que podrá contar el sector agroalimentario español de aquí a 2027 lo que supone la mayor inversión pública para apoyar a un sector clave, esencial y estratégico, insisten desde el departamento de Luis Planas.
comunidades autónomas.
Además de todos esto, Planas ha presidido las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural y de Pesca, que han aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de algo menos de 404 millones para la financiación de diversas líneas agrícolas y ganaderas y para la cofinanciación de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de las comunidades autónomas.
Esta cantidad podría verse incrementada a corto plazo, ya que La Comisión Europea propuso el pasado viernes utilizar el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para permitir que los Estados miembros paguen una suma global única a los agricultores y las empresas agroalimentarias afectados por aumentos significativos en los costes de los insumos. Una vez que los colegisladores de la Unión Europea (Eurocámara y Estados miembros) adopten la iniciativa, los países podrán utilizar fondos disponibles de hasta el 5% de su presupuesto FEADER para los años 2021 y 2022 para el apoyo directo a la renta de los agricultores y las pymes activas en la transformación, la comercialización o el desarrollo de productos agrícolas. Ello representa un presupuesto potencial de 1.400 millones de euros en todo el club comunitario, ha precisado la Comisión.
Los Estados miembros están obligados a dar el apoyo a los beneficiarios «más afectados por la crisis actual y que se dedican a la economía circular, gestión de nutrientes, uso eficiente de los recursos o métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y el clima», indicó la Comisión. Cada agricultor y ganadero podrá recibir hasta 15.000 euros, mientras que a las pymes se les asignará un máximo de 100.000 euros. «Los pagos deberán efectuarse antes del 15 de octubre de 2023. Para hacer uso de esta posibilidad excepcional, los Estados miembros deberán presentar una modificación de sus programas de desarrollo rural que introduzcan esta nueva medida», detalló la institución de la UE.
«Con esta medida, la última en una serie de iniciativas desplegadas bajo la Política Agrícola Común (PAC), apoyamos a los agricultores y ganaderos para que puedan seguir produciendo la comida que el mundo necesita, cuidar sus tierras y mantener a sus familias», declaró el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.