El juez de Cerdeña le ha dejado en libertad hasta que decida sobre la validez o no de la euroorden.
Para que luego digan los independentistas que la Justicia persigue a Puigdemont, o que sufre "persecución de Estado", como declaró Aragonés, que se apresuró a coger un avión a la isla italiana no fuera a ser que los independentistas le crearan problemas por no apoyar suficientemente al ex presidente. Puigdemont es un hombre tan pagado de sí mismo, que piensa que la Justicia debe funcionar a conveniencia. A su conveniencia.
El Parlamento Europeo le retiró la inmunidad, lo que significaba que si salía de Bélgica, país donde recibe trato de favor, podía ser detenido. Se lo advirtió mucha gente amiga, entre ellos su propio abogado Boyé, controvertido personaje y controvertido profesional: no estaba claro que la euroorden del juez Llarena estuviera desactivada. Pero a Carles Puigdemont le tiene sin cuidado Llarena, el Tribunal Supremo, los tribunales de los países de la Unión Europea o cualquier cosa que se le ponga por delante. Quiso viajar a Cerdeña, donde existe un reducto pseudocatalán que él debía considerar fuera de la jurisdicción italiana, y nada más pisar suelo fue detenido.
Su futuro depende de las leyes, de los tribunales, de los jueces y fiscales, y parece imposible que algo tan evidente sea sin embargo cuestionado; lo que en demuestra que en España hay políticos, y lo que es más grave, personas con cargos institucionales, que creen que a la justicia se la puede manejar y las leyes están para que las cumplan otros.
Es curioso que la primera reacción a la detención de Puigdemont haya girado en torno al futuro de la famosa mesa de negociación que pusieron en marcha la semana pasada Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Como si los trabajos de esa mesa tuvieran que estar condicionados por la situación judicial de Puigdemont, que escapó de la acción de la Justicia española hace cuatro años huyendo a Bélgica, escondido en el maletero de un coche. Pablo Casado ha pedido a Sánchez que haga lo posible para que sea extraditado, como si un presidente de gobierno tuviera mano sobre las decisiones judiciales. También le ha pedido que, en caso de ser extraditado, que no sea indultado por el gobierno como ocurrió con los condenados del "procés". Ahí sí, ahí acierta el líder de la oposición, porque es el gobierno el que indulta y Pedro Sánchez suele ser dadivoso con los independentistas catalanes cuando le conviene para que le den trato de favor parlamentario en las iniciativas que le urge aprobar.
Todo está a expensas por tanto de la Justicia italiana, a la que los independentistas elogiarán si pone definitivamente en libertad a Puigdemont, y a la que considerarán contaminada si lo extradita. Así funcionan Junts, ERC, la CUP y otros satélites: o estás conmigo o estás contra mi. Y no hay decisiones judiciales a las que tener en consideración.