La Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Socalemfyc) denuncia que Sacyl está «incurriendo en una ilegalidad al contratar a graduados en Medicina sin especialidad para atender a la población, una situación que persiste desde hace más de un año, como ya viene advirtiendo desde hace meses».

La organización explica que la normativa que permitía esta situación con carácter excepcional y con motivo de la pandemia (Real Decreto Ley 29/2020, cuando se permitió contratar personas que, contando con el grado o licenciatura correspondiente carecían del título de especialista reconocido en España), decayó en octubre de 2021. «Por lo tanto, actualmente y desde hace más de un año, es ilegal la contratación de médicos sin especialidad para ejercer actividad asistencial en el sistema público de salud».

La junta directiva de Socalemfyc considera que la «persistencia de esta situación irregular es un fraude para la población de Castilla y León, ya que se presta una atención médica que no cumple la normativa actual. Esta situación también es desincentivadora e injusta para los médicos que hacen el MIR, al ver menoscabados sus derechos formativos y expectativas laborales».

Como ejemplo, «nadie se montaría en un avión pilotado por alguien sin título o no estuviera legalmente capacitado», señala la presidenta de Socalemfyc, Isabel Gutiérrez, en un comunicado recogido por Ical.

Por último, indican, esta situación afecta a la calidad del sistema sanitario público tanto en el ámbito de Atención Primaria como hospitalaria, pero, «de forma preeminente a aquel con elevada presión asistencial, menor dotación de recursos y peores condiciones laborales, como es la Atención Primaria».

En relación a esta situación, también el procurador de Ciudadanos en las Cortes, Francisco Igea, informó del registro de una pregunta ante la comisión parlamentaria para que el consejero explique por qué persiste esta irregularidad desde hace tantos meses, así como si «reciben una correcta asistencia los ciudadanos por parte de profesionales sin la formación requerida». Por último, Igea demanda si Sanidad asumirá «responsabilidades penales y sanitarias derivadas de situaciones de mala praxis en estos casos».