El Tribunal Supremo ha rebajado a un año y diez meses de prisión la condena que en su día dictó la Audiencia Provincial de Ávila contra una farmacéutica y un informático por falsificar 89 recetas de medicamentos por valor de 6.250 euros que fueron facturadas por la farmacia de la condenada, situada en Madrid, cuando en realidad habían sido dispensadas en dos boticas de Ávila. En 2020 la Audiencia Provincial de Ávila había condenado a ambos a una pena de prisión de dos años y seis meses por un delito continuado de falsedad en documento público falsificar estas recetas, condena que a finales de ese mismo año fue ratificada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que desestimó íntegramente la apelación de los condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila. 

Ahora, el Supremo dicta una nueva resolución, de la que se hace eco EFE, que rebaja la pena a un año y diez meses de prisión, si bien mantiene para ambos la multa de 3.600 euros así como la devolución de las cuantías a las farmacéuticas abulenses que defraudaron. 

La sentencia considera probado que el varón, que se ocupaba de la labor informática de las dos farmacias de Ávila desde hacía dos décadas y tenía acceso a todas las  dependencias de las mismas por la confianza con las propietarias de estas boticas, aprovechó esta circunstancia para apropiarse entre noviembre y diciembre de 2015, previo concierto con la otra condenada, de numerosas recetas guardadas en los dos despachos de medicinas de Ávila. 

Las recetas sustraídas correspondían a medicamentos que habían sido dispensados en las dos farmacias de Ávila y estaban depositadas en estas dos oficinas a la espera de ponerles el respectivo sello y firma de cada botica para presentarlas al cobro ante la Junta de Castilla y León. Tras hacerse con las recetas, el informático, en connivencia con la farmacéutica condenada, que era titular de una farmacia en Madrid, estampó el sello y la firma de la botica madrileña para aparentar que esos medicamentos habían sido vendidos allí y así poder reclamar el cobro de los mismos ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Los condenados fueron descubiertos a raíz de una receta que requería de un registro especial y anotación en su correspondiente libro de un medicamento que había sido vendido en una de las farmacias de Ávila. 

Ahora, el Supremo rebaja la condena atendiendo a la no elevada cuantía de la defraudación, al aseguramiento de las responsabilidades civiles y al tiempo transcurrido entre los hechos, ocurridos entre noviembre y diciembre de 2015, y la primera sentencia, dictada en Ávila en marzo de 2020. Unas circunstancias, señala la sentencia, que «si bien no son suficientes para la aplicación de las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, sí pueden valorarse a efectos de determinación de la pena».  

investigación. La investigación comenzó en diciembre de 2015 cuando la propietaria de una farmacia de Ávila se percató de que le faltaba la receta de un opiáceo que por sus particulares características se debe sellar incluyendo datos del paciente, llegando a la conclusión de que la misma había sido sustraída por el informático que prestaba servicio en su botica. Las pesquisas llevaron a una farmacia de la calle Serrano de Madrid, donde se descubrió que en el segundo semestre de ese año se facturaron 89 recetas de dos farmacias de Ávila.