El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, responderá a los portavoces de la oposición sobre la situación de la Comunidad en estos meses, la gestión en la prevención y extinción de incendios y la repercusión del Plan Soria en el primer pleno de las Cortes, previsto para los días 6 y 7 de septiembre.

Fernández Mañueco anunció su comparecencia para explicar la gestión de los incendios, pero no inmediata, como le pide la oposición, sino al cierre de la campaña a finales de septiembre. Sin embargo, en este primer plenario, deberá responder sobre los fuegos que han afectado a la Comunidad, como en Zamora los de la Sierra de la Culebra y Losacio.

"¿Qué balance hace de la situación de Castilla y León durante los últimos meses? ", es la pregunta del socialista Luis Tudanca, que no señala expresamente a los incendios, pero dos procuradores de su grupo si requieren respuesta en relación al operativo de incendios, cuestionado por bomberos, agentes forestales y sindicatos, y por las ayudas para las zonas afectadas.

La pregunta de Pablo Fernández (Unidas Podemos) si es concreta: "¿Considera correcta y adecuada la política de prevención y extinción de incendios forestales realizada por la Junta de Castilla y León?".

Por su parte, el portavoz de UPL-Soria Ya, José Ángel Ceña, pide en su pregunta una valoración del presidente sobre el impacto del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de Soria 2017-2020 y el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027 en la evolución demográfica de la provincia.

En la sesión de control, que arranca el martes por la tarde, los procuradores socialistas preguntarán si el decreto ley de ahorro energético perjudica los intereses de los castellanos y leoneses, por las políticas de discriminación positiva con las mujeres en el campo o por el estado de la red de carreteras autonómicas.

La gestión sanitaria motiva varias preguntas de los socialistas, que se interesan por la atención en Soria y por la falta de profesionales en la zona básica de salud de Sanabria (Zamora), a las que también se suma UPL-Soria Ya. De sanidad versa la pregunta del procurador de Por Ávila que quiere saber como afecta la progresiva derivación de pacientes abulenses del Complejo Asistencial de Ávila a otros hospitales de referencia de Castilla y León.

"¿Atiende con regularidad el portavoz de la Junta de Castilla y León a las reuniones del Consejo de Gobierno?" es la pregunta que formulará el exvicepresidente y exportavoz de la Junta en la pasada legislatura y actual procurador de Cs, Francisco Igea.

Comisiones de investigación

El plenario votará y rechaza con la mayoría de PP-Vox la creación de las comisiones de investigación pedidas por la oposición en relación a la gestión en los centros de servicios sociales ante la pandemia, sobre los hechos relacionados con el incendio en la Sierra de la Culebra y su integración en la comisión que pudiera crearse sobre el ocurrido hace un año en la Sierra de la Paramera. 

En tal sentido, el portavoz popular, Raúl de la Hoz, cuestionó la eficacia de las comisiones parlamentarias de investigación y defendió que son los tribunales los que deberán dictaminar si hubo responsabilidades, por lo que aseguró que no les van a "encontrar" en los "juegos de lodazal" de la oposición para "desgastar" a la Junta y sacar "rédito político".

En el bloque de PNL, UPL-Soria Ya defenderá que se inste al Gobierno a poner en marcha las ayudas al funcionamiento (fiscalidad diferenciada) en Soria, Teruel y Cuenca; Vox defenderá un plan nacional de soberanía energética; el PSOE medidas para paliar la nueva crisis económica y social; el PP diversas medidas para la prevención y extinción de incendios forestales.

Derechos al final de la vida

El último punto del orden del día se refiere a la toma en consideración de la proposición de ley de derechos y garantías al final de la vida, presentada por el Grupo Mixto, a instancia de Francisco Igea (Ciudadanos). Su contenido corresponde con el proyecto de ley presentado en la pasada legislatura por el Gobierno de PP-Cs, que no se pudo aprobar por el adelanto electoral.

Según la exposición de motivos de la PPL, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma en 2003, el nivel de autonomía en las decisiones alcanzado por los pacientes, la superación por gran parte de los profesionales y pacientes de una relación paternalista en la prestación de la atención sanitaria, la limitación en la aplicación de medidas de soporte vital en situaciones de irreversibilidad de la enfermedad o el avance de los cuidados paliativos, entre otras cuestiones, han hecho surgir nuevas demandas sociales. 

Otro objetivo fundamental de la norma es dar una respuesta legal a los problemas éticos a los que se enfrentan los profesionales sanitarios que acompañan a las personas que se encuentran ante el proceso final de su vida. "Todo esto ha hecho que sea necesario profundizar más en estos derechos y visibilizar éstos y sus garantías, en un momento concreto de especial vulnerabilidad de los pacientes", precisa.

La norma se apoya en el respeto a la autonomía y la voluntad de las personas en el proceso final de su vida, presta especial atención al derecho a una información asistencial completa, clara y comprensible y al derecho a la toma de decisiones e incide en la necesaria comunicación entre profesional sanitario y paciente para aplicar un plan terapéutico una vez que la enfermedad ya sea irreversible.