La Fiscalía ha mantenido este lunes su petición de condenar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por mantener los lazos en edificios de la Generalitat.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que considera que Torra cometió un delito de desobediencia al no ordenar la retirada de lazos amarillos, estelades y la pancarta Libertad presos políticos de los edificios públicos como ordenaba la Junta Electoral Central (JEC). El Ministerio Público consideró en su escrito de acusación que Torra había incurrido en un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal y pidió imponerle la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno. La inhabilitación conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos y de los honores, así como la imposibilidad de obtener los mismos durante el tiempo de condena. En este trámite de conclusiones definitivas, el abogado de Vox, que ejerce de acusación popular, Juan Cremades, también ha reiterado su petición de condena para el presidente de una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años.

El abogado defensor de Torra, Gonzalo Boye, ha rechazado las acusaciones, y ha reclamado en el juicio absolver al presidente porque no cometió delito de desobediencia.

El trámite de conclusiones se ha adelantado a la sesión de la mañana después de que Vox haya renunciado a cinco testigos que había solicitado y el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, lo haya acordado. De este modo, no testificarán el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la exportavoz del Govern y concejal en Barcelona, Elsa Artadi, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el presidente de Cs en el Parlament, Carles Carrizosa, tal y como estaba previsto.

La sesión se retomará a las 16 horas con los informes finales de las partes, donde expondrán sus posicionamientos y justificarán las peticiones de condena, y cerrará el juicio el propio Torra con el turno de última palabra.

Torra: "Sí desobedecí"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado en su juicio por presunta desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y al preguntársele si incumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos de los edificios de la Generalitat: "Sí, la desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal".

En su declaración como acusado, en que solo ha respondido a su abogado Gonzalo Boye, que ha pedido que se le mantuviera durante el juicio su tratamiento de Molt Honorable, Torra ha defendido que cumplió su deber como presidente de la Generalitat de defender "los derechos y libertades de los ciudadanos".

"Sí, la desobedecí, pero es que era imposible cumplir una orden ilegal, todos los miembros de esta Sala lo saben que ésta era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía competencia para hacerlo", ha resumido en la última respuesta de su declaración.

Según el presidente, la Junta Electoral Central (JEC) "no es un órgano superior jerárquico al presidente de la Generalitat" y no tenía competencia para ordenarle retirar de los edificios públicos y de Generalitat los lazos y otros símbolos en periodo electoral.

Torra ha dicho que, además, la Generalitat no tenía ninguna participación en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y que, como presidente de la Generalitat, en todo caso estaba sometido a las decisiones de las juntas electorales provinciales.

El presidente catalán ha afeado sobre la JEC, que dictó dos órdenes el 11 y 18 de marzo exigiendo retirar lazos y estelades de los edificios públicos para garantizar la neutralidad: "La JEC me ordenó, me amenazó, actuó de manera omnipotente y omnipresente".

Para Torra, que ha declarado ante el tribunal durante poco más de media hora, la causa contra él es un caso "de vulneración del derecho de libertad de expresión y de censura clara".

Ha indicado que analizó la petición de la JEC junto a abogados y el equipo jurídico de la Generalitat y que todos convinieron que era "un acto nulo e ilegal", y ha opinado que en realidad querían que prevaricara con la retirada de las pancartas y los símbolos, porque él no tenía la facultad para ordenarlo.

De hecho, ha dicho que las resoluciones de la JEC incurrieron en "la ambigüedad más absoluta" sobre qué símbolos retirar, y ha recordado que él como presidente de la Generalitat no tiene competencia para ordenar la retirada de símbolos de edificios públicos como hospitales o escuelas.

"La JEC quería situar al presidente de la Generalitat ante una disyuntiva muy clara: por un lado hacerle obedecer un acto nulo e ilegal y por otro hacerle prevaricar. Es más, es probable que también haya incurrido en un presunto delito de coacciones", ha dicho.