El cierre del gasoducto del Magreb que hasta este domingo conectaba España con Argelia a través de Marruecos llega en el peor momento posible. A las puertas del invierno y cuando la búsqueda de alternativas de suministro es más compleja que nunca, perder de repente esta infraestructura supone un sobrevenido golpe para nuestro endeble sistema de abastecimiento energético. La represalia argelina contra su vecino marroquí -tras su abrupta ruptura de relaciones hace tres meses después de años de rivalidad por el Sáhara Occidental- salpica a España y nos deja sin una fuente de suministro clave, por la que llegaba casi una tercera parte de las importaciones de gas. Aunque Argelia ha prometido al Gobierno español aumentar la exigua capacidad del otro gasoducto que conecta ambos países directamente, seguiría siendo insuficiente para saciar la demanda que necesita la industria, las calefacciones domésticas y, sobre todo, un mix eléctrico que depende en gran medida de las centrales de ciclo combinado.

Irremediablemente, España tendrá que fiarse de Argelia y, además, importar gas natural en barco. Y deberá hacerlo en pleno atasco global en las cadenas de suministro, lo que dificultará su disponibilidad y hará aumentar su precio. La competencia global por conseguir cargueros es ahora más encarnizada que habitualmente y nadie duda de que el poco más de medio millar de buques metaneros que transportan gas licuado por todo el mundo se desplazará al lugar en el que se encuentre el mejor postor, encareciendo la mercancía. Algo que, por cierto, no oculta el Gobierno aunque aún no haya sido capaz de explicar cómo va a intentar mitigar esa carestía sobrevenida de la energía, que puede ser la puntilla para muchos consumidores en un momento en el que se ven golpeados por el alto coste de la electricidad, los carburantes y el propio gas natural.

Lo que ha vuelto a poner de manifiesto la crisis del gas argelino es la vulnerabilidad energética de España, que depende para su abastecimiento en gran medida de zonas con gran inestabilidad geopolítica. Las estrategias de seguridad nacional advierten desde hace mucho tiempo de estos riesgos. Sin embargo, y aun sabiendo de la grave crisis diplomática abierta en agosto entre Argel y Rabat, la inoperancia gubernamental esperó al último día para encarar el problema. Solo cabe tachar de imprevisión los viajes de urgencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para negociar con los dirigentes argelinos casi la víspera de que girasen la llave para cerrar el grifo del gas, generando un coste añadido a la elevada factura energética que paga España en un momento especialmente crítico, dados los precios históricos de la luz y el gas, que han disparado la inflación y están amenazando la recuperación económica poscovid.