La labor de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social concluye todos los años con miles de infracciones por el incumplimiento de la normativa laboral, tanto de competencia autonómica como estatal. Castilla y León no se caracteriza por ser uno de los territorios con mayor economía irregular, aunque este último año se ha producido un incremento general en el número de infracciones (5.882) y en el importe de las sanciones (18.264.054 euros), según los datos hasta el 20 de diciembre facilitados por la Delegación del Gobierno.
Este aumento de ambos conceptos en torno al 50 por ciento respecto al año 2021 obedece a dos causas fundamentales, según fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La primera de ellas es que la situación de pandemia motivó durante el primer semestre de 2021 que algunos sectores estuvieran cerrados por los expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) de limitación o impedimento. La segunda razón es que el Gobierno aprovechó la ley del teletrabajo para introducir a partir de octubre de 2021 un endurecimiento de las sanciones en un 20 por ciento en materia de empleo, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales, etc.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) funciona como una auténtica 'ventanilla única', con un cuerpo de inspectores que trabaja en la vigilancia de la normativa laboral, independientemente de quién sea la competencia (autonómica o estatal), y presta servicios para varias administraciones y organismos como la Junta, el Sepe, el Fogasa, la Seguridad Social, Extranjería y algunos más.
De los 18,2 millones que suman las sanciones de las casi 6.000 infracciones detectadas en sus inspecciones, algo más de la mitad se producen dentro del ámbito de la Seguridad Social. Aquí se engloban las faltas de alta, la diferencia de cotización (algún plus que no se cotiza, dinero negro metido en la nómina, etc.), bonificaciones y reduciones indebidas de cuotas, exoneraciones a causa de los Ertes, derivaciones de responsabilidad y muchas otras infracciones hasta llegar a las 2.415 sancionadas el pasado año con 9,3 millones (62 por ciento más que el anterior).
Fuentes de la inspección explican que el fraude laboral relacionado con la Seguridad Social se detecta y sanciona más porque existe un cuerpo de subinspectores especializados que se dedican solo a este ámbito y que se suman a los inspectores, que son generalistas y tienen competencia sobre cualquier infracción a la normativa laboral.
Prevención
Desde hace cuatro años también existe un cuerpo de subinspectores dedicados a seguridad y salud (prevención de riesgos laborales), pero su dotación de personal aún no es grande y por ello su influencia se deja notar en menor medida. No obstante, este ámbito de la inspección sumó algo más de 2.000 infracciones durante el año pasado con sanciones que superan los 4,3 millones de euros (40 por ciento más).
En este campo se inspecciona de forma general las condiciones materiales (cascos, botas de seguridad, redes y barandillas de protección, niveles de exposición al ruido, etc) y la gestión (formación, plan de prevención, evaluación de riesgos, reconocimientos médicos, etc.). Este es uno de los ámbitos en los que mayor actividad y visitas realizan los inspectores, según fuentes del cuerpo administrativo.
Asimismo, indican que el sector con mayor número de irregularidades en este ámbito es la construcción, muchas de ellas detectadas tras los casos de siniestralidad laboral. Todos los accidentes mortales, graves y muy graves son investigados por parte de los inspectores. Asimismo, fuentes de la Delegación insisten en que el incremento de infracciones en la construcción se produce por un auge en los últimos años después de haber tenido una baja actividad desde 2010 hasta 2018.
Empleo aflorado
Otra de las actividades de los inspectores de Trabajo es sacar a la luz la economía sumergida a través de regularizar los contratos fraudulentos (temporales que tienen que ser indefinidos) o la falta de ellos y a los trabajadores que no están en el sistema.
Así, solo durante el año pasado se transformaron 6.371 contratos (un 24,71 por ciento más que el año anterior) gracias a la actividad diaria de la Inspección, aparte de los que se regularizaron a través de una campaña de envío de cartas desde Madrid.
En cuanto al empleo, 6.235 puestos de trabajo afloraron en los 12 meses de 2022, casi el doble que los 3.412 del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 82,74 por ciento. Fuentes de la Inspección explican que este fuerte incremento se produce por la pandemia, ya que en un año normal ronda los 5.000, y por un solo expediente en Valladolid que es el que eleva la estadística por encima de otros años 'normales'.