La secretaria del Ayuntamiento de Peguerinos, Paloma Belchi, realizó en 2015 un informe en el que cifró en algo más de 2,6 millones los ingresos obtenidos por el Consistorio de las cuotas de los propietarios de las parcelas de la urbanización Las Damas II y III y en 2,3 millones los gastos del Ayuntamiento por el citado proyecto, señalando que el superávit de 350.000 euros que «debía estar» en este asunto no era tal porque, «por el principio de caja única», de esa cuenta específica para la urbanización «se pagaban otros gastos» del Ayuntamiento, citando expresamente «nóminas del personal y pagos a orquestas anteriores». Después «se intentaba ingresar cantidades poco a poco, pero no se ha restituido totalmente la cantidad», aseguró la secretaria en referencia a un trabajo realizado con los extractos bancarios a requerimiento del juzgado en el marco de este caso. 

Belchi fue la quinta y última persona en prestar declaración como testigo en la segunda jornada del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Ávila (y que continuará este jueves) por el caso de las obras de la urbanización de Peguerinos (adjudicadas en el año 2006) y en el que cuatro personas se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel por delitos de prevaricación, falsedad, estafa y malversación, en el caso del alcalde entonces (L.A.E.H.), y de falsedad en concurso con estafa y cooperación necesaria en fraude y malversación, en los otros tres, el adjudicatario de la obra (L.A.M.P.), el arquitecto encargado de la dirección facultativa (F.Y.C.) y la administradora única de la empresa que fue subcontratada y que a su vez es la hermana del ex alcalde, M.E.H.

La secretaria del Ayuntamiento de Peguerinos, que en su momento mantuvo un conflicto con el alcalde ahora acusado y que fue expedientada entre los años 2006 y 2008, según dijo «a partir de un informe que hice sobre Las Damas», declaró ayer que, aunque en aquella época no tenía acceso a la documentación «y no me enteraba de muchas cosas», en el expediente de esta urbanización «no constaba ni el aval de la adjudicataria ni la documentación sobre la empresa que fue subcontratada». También aseguró que «dio por hecho» que el alcalde sabía que la empresa de su hermana había sido subcontratada para realizar los trabajos porque «lo sabía todo el pueblo», aunque nunca se lo había reconocido expresamente. 

Sobre el dinero que debía haber de las cuotas de los parcelistas y que tenía que destinarse a pagar la obra explicó que no se hizo ningún informe para saber qué porcentaje se había desviado a otros pagos, reconociendo que la cantidad que pendiente de cobrar de los propietarios podría rondar los 700.000 euros.

anomalías y desconfianza.  Antes, la alcaldesa de la localidad, Asunción Martín Manzano, había señalado que cuando llegó al Ayuntamiento en el año 2011 se encontró con «numerosas anomalías» en torno a la urbanización, tanto en lo referente a la documentación, que «faltaba», como a las cuentas, de ahí que hubiera optado por pedir ayuda a la Diputación para la supervisión «de un técnico externo» y la posterior denuncia. «La situación era de quiebra, no había dinero, y al ver tantas anomalías decidimos dejar de actuar (en torno a la urbanización) hasta que tuviésemos la garantía de volver a encauzar las obras bien», dado «el desfase económico existente» entre las certificaciones realizadas de la obra y lo ejecutado realmente, señaló. 

Aunque aseguró que cuando llegó al Ayuntamiento la obra «ya estaba paralizada» y que no la paró su equipo, explicó que en las reuniones posteriores llevadas a cabo a finales de 2011 con dos de los acusados, el adjudicatario y el arquitecto, no llegó a aceptar ninguno de los ofrecimientos del primero para «arreglar los desperfectos» y seguir adelante la obra porque «él solo quería más dinero» y porque ya «no tenía confianza en nadie» que  hubiera estado vinculado a la urbanización. «Ya había un desfase entre lo certificado y lo ejecutado y el contratista se comprometía a arreglar lo que estaba mal, el 80%  o más, siempre y cuando certificásemos más obra. Lo único que quería era tapar lo que había porque decía que no tenía dinero, pero el Ayuntamiento no lo tenía tampoco, ya había pagado 1,6 millones y estaban certificados 1,9 millones», continuó explicando Asunción Martín, quien insistió en que el Ayuntamiento«intentó muchas cosas a través de la buena fe, pero por su parte todo se basaba en pedir más dinero». 

Sobre el informe encargado al técnico de la Diputación, explicó que del mismo se dedujo una «situación caótica». «Lo construido era menos de la mitad, la otra mitad no era válido y mucho de lo certificado no existía», indicó la regidora, de ahí que calificara de «inviable» la posibilidad de haber seguido con las obras. 

La alcaldesa, que reconoció que formalmente no se llegó a emprender expedientes de apremio, de liquidación o de resolución del contrato con el adjudicatario pero que se convocaron varias reuniones para abordar la situación, aseguró no saber a qué se pudo haber destinado el millón de euros que faltaría de las cuentas, toda vez que se cifra en 2,6 millones los ingresos de los parcelistas y en 1,6 millones los pagos efectuados por el Ayuntamiento a la empresa. «Cuando llegué solo había algo más de 8.000 euros en esa cuenta», remarcó, para añadir que detectaron «movimientos de dinero en las dos direcciones» entre la cuenta de las parcelas y la del Ayuntamiento. A preguntas de las defensas, eso sí, dijo desconocer las cantidades exactas de esos supuestos trasvases.

También declaró que «conociendo al ex alcalde tenía que saber que habían subcontratado a la empresa de su hermana porque lo controlaba todo, no se le escapaba nada».