Todos los gerocultores o auxiliares de ayuda a domicilio debían contar a finales de 2022 con el certificado de profesionalidad, como así lo regula la normativa nacional en vigor, para poder continuar ejerciendo su profesión o empezar a trabajar en el sector. Sin embargo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades permitirá en Castilla y León que los cuidadores de personas dependientes cuenten con tres meses más para solicitar la habilitación provisional.

La ampliación, publicada «in extremis» por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ya que el texto se conoció en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del pasado 29 de diciembre cuando el plazo terminaba el día 31, permite actualizar el procedimiento de habilitación profesional que estaba vigente desde 2017 para dar cumplimiento en la Comunidad a lo acordado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema de Atención a la Dependencia.

La nueva orden fija el 31 de marzo de 2023 como fecha máxima para la presentación de la solicitud de la habilitación excepcional o provisional. Además, entre las novedades destaca la ampliación del periodo en el que computa la experiencia laboral, en concreto, en los últimos doce años hasta el 30 de diciembre de 2022. «Esta actualización supone la posibilidad de habilitar a profesionales pertenecientes a categorías profesionales de cuidadores, auxiliares de ayuda a domicilio y gerocultores en Castilla y León, estableciendo los requisitos necesarios para garantizar la necesaria calidad en la atención a las personas mayores, con discapacidad o dependientes», como señalaron fuentes de la Consejería.

Desde la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), consideran que esta ampliación «no soluciona nada», porque «no hay suficiente plazo» para arreglar la situación de falta de personal que atraviesa el sector. La atención a las personas mayores, con discapacidad o dependencia, tanto en los centros de atención como a través del servicio de ayuda a domicilio, es un sector de actividad que genera más de 50.700 empleos directos en la Comunidad. Pese a estas cifras, «a fecha de hoy no encuentran personal cualificado ni sin cualificar», asegura la secretaria técnica de Acalerte, Belén Giraldo, para cubrir las necesidades actuales.

Una situación que se complica en el medio rural. Para estas zonas, la nueva norma establece que con el objetivo de garantizar la atención a las personas, se posibilita la contratación de personal sin la cualificación profesional ni habilitación por el tiempo imprescindible en lo que se consigue la contratación de trabajadores con la cualificación exigida y con la obligación de formar a estas personas durante la jornada laboral.

En este caso, como señalaron desde Acalerte, las empresas se encuentran con que deben destinar un veinte por ciento de la jornada laboral a la formación de estos trabajadores de manera gratuita. «¿Cómo se ofrece esta formación en un pueblo? Se puede hacer online, pero es complicado en un sector con personas de mediana edad y sin muchos conocimientos tecnológicos», apunta Giraldo, que añade que principalmente están preocupados por la falta de gerocultores: «Este año el verano ha sido horroroso, porque mucho de nuestro personal se va a trabajar para Sacyl».